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2.   Goserik ez

Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea

La política vasca de garantía de ingresos para la inclusión social ha sido y sigue siendo considerada pionera y referente en el contexto español. Sin embargo, tras la importante reforma impulsada por el Gobierno Vasco socialista en 2011, que permitió sacar la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda del Sistema Vasco de Servicios Sociales, no se ha logrado construir el consenso y liderazgo suficiente para continuar el proceso de mejora e innovación que toda política pública necesita.

Ello resulta especial y crecientemente preocupante en un contexto en el que profundos cambios sociales incorporan nuevas formas estructurales y complejas de exclusión social y exigen, tanto a la política de garantía de ingresos para la subsistencia como al conjunto de las políticas sociales de nuestro sistema de bienestar, capacidad de adaptarse y anticiparse para seguir garantizando, y hacerlo en mayor medida, el ejercicio de los derechos sociales de la ciudadanía.


Una garantía de ingresos contra la exclusión


La política vasca de garantía de ingresos es un pilar importante dentro del conjunto de políticas sociales, que son la expresión de una sociedad que ha decidido no dejar a su suerte a nadie: ni en lo tocante a su educación, ni en lo tocante a su salud, ni en lo tocante a su subsistencia material (de la que se ocupan las pensiones, las prestaciones de garantía de ingresos y otras) y otras áreas. No tiene sentido cubrirle a una criatura tres meses de cuidados sanitarios neonatales altamente especializados y que no tenga para comer al día siguiente de darle de alta.

Como en el resto de pilares o políticas sociales, la visión socialista siempre es la de la “universalización factible”, es decir, el ir, progresivamente, reconociendo y garantizando derechos universales de forma realista y sostenible, como hemos ido haciendo, en diferentes grados con educación, salud, pensiones (no contributivas) y garantía de ingresos, servicios sociales, vivienda… El avance de la conciencia ética global; el perfeccionamiento de los servicios públicos profesionales y la expansión de las expectativas ciudadanas; los rápidos cambios tecnológicos, laborales, familiares y sociales; y las amenazas y realidades de fracturas sociales por género, edad u otros factores nos empujan por la senda de los derechos universales como mejor modelo de protección y cohesión social.

La evidencia comparada nos enseña que cohesión social y desarrollo económico van de la mano. Así lo atestiguan los datos, sin duda, en el caso de la política vasca de garantía de ingresos, por su capacidad de sostener niveles de empleo, consumo, relaciones, actividad económica y recaudación que explican en buena medida el mejor comportamiento de la economía vasca en la última crisis, a diferencia de lo sucedido en otras.

Junto a la universalidad, la otra cara de las políticas públicas mejor valoradas por la sociedad es el de su buena gestión. Buena gestión que significa, fundamentalmente, agilidad en el acceso y rigor en el control, de modo que se garantice la justicia (re)distributiva y se incentive la responsabilidad de todas las personas.

El Gobierno Vasco ha estado en vanguardia de todos los avances en políticas sociales y fue el que impulsó la última reforma de calado en la política de garantía de ingresos, trasladando la gestión de las principales prestaciones desde los servicios sociales a los servicios de empleo, cambio que ningún actor político, profesional o social propone revertir. Pasados ocho años, es el momento idóneo para evaluar lo logrado y dar nuevos pasos.


Los nuevos pasos irán, obviamente en el mismo sentido de los anteriores:

  • universalización (llegando más y mejor a determinados segmentos poblacionales),
  • mejora de la gestión (agilidad y rigor, como decíamos)
  • e incentivación de la actividad económica y la inclusión social.


Se trata de vincular especialmente los avances en garantía de ingresos con avances en política familiar (y protección de la infancia) en el marco de universalización y rigor que ofrece nuestra autonomía y Administración fiscal.

Este partido, para jugarlo bien, hay que jugarlo, también, en el marco español (por la necesaria conexión y sinergia de la política vasca de garantía de ingresos con la protección de la Seguridad Social o la legislación laboral) y europeo (en el proceso de construcción del Pilar Europeo de Derechos Sociales).


Por ello, en materia de garantía de ingresos proponemos:


Un primer conjunto de mejoras tendría que ver con llegar más y mejor a determinados segmentos poblacionales que, fundamentalmente, serían:

  • Las familias con menores a cargo, dado que el actual diseño de las prestaciones de garantía de ingresos no prima adecuadamente (o incluso perjudica comparativamente) a niñas, niños y adolescentes, lo cual es especialmente injusto y estúpido. Dentro de este apartado, proponemos:
    • bajar el tiempo de empadronamiento requerido a un año, Vinculado a ODS 1, 5, 10
    • perfeccionar el reconocimiento de las situaciones de monoparentalidad, en la que se encuentran, como en otras, de manera mucho más frecuente las mujeres. Vinculado a ODS 5, 10
  • Determinados perfiles de personas que perciben un agravio comparativo por determinados criterios (o por rigidez en su aplicación) que penalizan determinados patrimonios de difícil ejecución, determinadas obligaciones de gasto, determinadas formas de convivencia familiar o la situación de personas jóvenes (incluyendo aquellas que emigraron y desean retornar). Aquí trabajaremos especialmente con las Ayudas de Emergencia Social y también con unas nuevas ayudas a devolver. Vinculado a ODS 1, 5
  • Las personas que complementan su salario con la RGI (colectivo en el que hay el doble de mujeres que de hombres), en la medida en que los estímulos al empleo, actualmente, tienen duración limitada, limitación que habrá que superar. Vinculado a ODS 1, 5


El segundo gran conjunto de medidas tiene que ver con la mejora de la gestión (agilidad/ rigor). Aquí apostamos con fuerza por:

  • Integrar determinadas prestaciones con la fiscalidad, como impuesto negativo. En la medida que avancemos en esa línea, más y más personas se tendrán que retratar ante el mejor instrumento de control que tenemos y el que más capacidad tiene de invertir en informática, generar interoperabilidad y trabajar integradamente con la Seguridad Social: nuestras Haciendas Forales. En una primera fase, gestionaremos desde las Haciendas: los complementos de pensiones, los estímulos al empleo y los pluses por menores (integrando política de garantía de ingresos y política familiar). Vinculado a ODS 10, 16
  • Realizar mejoras técnicas en cuestiones como simplificación de casuísticas, facilitación (en línea) de trámites, evitación de pagos indebidos, mejoras en identificación de personas y control de residencia efectiva, ensamblaje con otras prestaciones, evitación de la duplicidad de registros ante diferentes instancias, perfeccionamiento de los estímulos al empleo, interoperabilidad, mejora de la indexación de la cuantía… Vinculado a ODS 8, 16


El tercer y último gran bloque de mejoras tiene que ver con los apoyos para la inclusión a los que las personas que tienen derecho a las prestaciones de garantía de ingresos tienen, también pueden acceder. Se trata de perfeccionar (con más transparencia y fluidez) la interfaz entre la política de garantía de ingresos y otras (la de empleo y la de servicios sociales, sobre todo). En esta línea, se realizará, mediante los convenios de inclusión y la asignación de profesional de referencia, una segmentación en tres grandes grupos: Vinculado a ODS 5, 8, 10

  • Personas que no necesitan apoyos para la inclusión (sería el caso, posiblemente, de buena parte de las personas que cobran la RGI como complemento de pensión).
  • Personas que necesitan, fundamentalmente, apoyo desde los servicios de empleo (sea formación para el empleo, orientación laboral, intermediación… o, directamente, especialmente a partir de un determinado momento, un empleo protegido garantizado temporal o permanentemente).
  • Personas que necesitan, fundamentalmente, acompañamiento para potenciar su autonomía en la vida cotidiana en el seno de relaciones familiares y comunitarias (en cuyo caso la coordinación de la gestión del caso se hará desde los servicios sociales).


Reducir el despilfarro alimentario


Pero hablar de la lucha contra el hambre y la pobreza implica también hablar de producción, del sector alimentario y del agrícola. Gestionada de forma adecuada, la agricultura, además de suministrar comida, es un sector generador de empleo, riqueza, apoyo al desarrollo de las personas del campo y protector del medio ambiente. Y una adecuada gestión implica, en primer lugar, combatir el desperdicio de alimentos.

La generación anual de pérdidas y desperdicios alimentarios en la UE es de unos 89 millones de toneladas. Esto equivale a un desperdicio de 179 kilos por habitante, y ello sin contar los residuos de origen agrícola generados en el proceso de producción, ni los descartes de pescado arrojados al mar.

En Euskadi, se estima que cada año el despilfarro alimentario supera las 380.000 toneladas, aproximadamente 182 kg de alimentos por habitante.

Esta cifra incorpora no sólo los alimentos desechados en los hogares (el 15% de los alimentos de los hogares vascos acaba en la basura), sino también el resto de residuos generados a lo largo del ciclo de producción y distribución de los alimentos.

Para l@s Socialistas Vasc@s es fundamental avanzar en la prevención, la reducción, la reutilización y la revalorización de los excedentes alimentarios y eso es únicamente posible a través de la colaboración, la participación e implicación de toda la sociedad, no solo de las administraciones públicas sino también de todos los sectores económicos (producción primaria, transformación, distribución, hostelería, restauración, cocinas centrales, etc.), los centros de investigación y tecnológicos, las universidades, las organizaciones sociales y especialmente la ciudadanía.

De acuerdo a los estudios realizados, el despilfarro alimentario se concentra principalmente en dos puntos de la cadena: los procesos de producción en la industria agroalimentaria y el consumo en los hogares y comercios. Los biorresiduos constituyen la cuarta parte de estos últimos y presentan en la actualidad una importante deposición en vertedero (115.378 t), por lo que es un reto para las distintas entidades públicas el que se pueda revertir esta situación.

Por este motivo, es importante trabajar tanto en la mejora de la eficiencia de dichos procesos de producción como en la concienciación y modificación de los hábitos de consumos, tratando de incorporar patrones sostenibles de consumo que ayuden a prevenir y reducir esta problemática. Unos hábitos de consumo más responsables, una mejor información al consumidor/a, aclarar el significado de consumo preferente y fecha de caducidad o una mejora de los procesos de reutilización de los excedentes, garantizando siempre la seguridad alimentaria, resultan clave para avanzar en esta situación.

En los últimos años, países como Francia e Italia han aprobado medidas legislativas que obligan (caso francés) o incentivan (caso italiano) a los supermercados a donar a ONGs la comida que les sobra.
Varias resoluciones de la Eurocámara recomiendan a los estados facilitar la donación de alimentos y aclarar el significado de consumo preferente y fecha de caducidad.

Por ello, l@s Socialistas propondremos iniciativas legislativas buscando un alto grado de consenso entre los partidos políticos, para favorecer la recuperación y donación de los excedentes de alimentos, dando prioridad a la utilización humana. Vinculado a ODS 12

La donación por parte de las empresas involucradas a los organismos dedicados a la gestión de la ayuda alimentaria precisa de un marco legal: marco legal que incluya una parte común a la legislación relativa a todas las empresas alimentarias y una parte específica relativa a la labor social


Un sector primario al servicio del equilibrio territorial


L@s Socialistas concebimos la agricultura y ganadería como una actividad esencial para el equilibrio territorial, la protección del medio ambiente y la conservación actualizada de la cultura asociada a un medio rural tan diverso como el que existe en la Comunidad Autónoma, por ello propugnamos una política rural, moderna, eficiente, generadora de riqueza, futuro y empleo. Vinculado a ODS 9

Consideramos necesario aumentar el reconocimiento y el prestigio de las actividades del sector primario, favoreciendo el relevo generacional con la incorporación de los jóvenes bien formados e impulsando la I+D+i en el sector agrícola y ganadero, vinculándolo más estrechamente a la industria agroalimentaria y configurando así un modelo sostenible, capaz de afrontar los retos de la competitividad y el respeto ambiental. Vinculado a ODS 9

Asimismo, l@s Socialistas apostamos por el sector de la madera y forestal, tal como lo hicimos desde el Gobierno Vasco, siendo conscientes que es una apuesta por la riqueza y por el empleo. Pero, además, lo hacemos porque los bosques son ecosistemas que mantienen la biodiversidad y son básicos para el bienestar humano. Son soporte de la biodiversidad, la protección del agua y del suelo o la fijación de carbono. Vinculado a ODS 9

Seguiremos apoyando, por consiguiente, un equilibrio sostenible para la actividad forestal y para la industria de transformación de la madera, priorizando las inversiones dirigidas a la transformación y comercialización de nuestros productos forestales, así como a la reforestación y creación de superficies forestales, sin dejar de lado el apoyo a actuaciones novedosas de utilización energética de la madera ni olvidar el papel de nuestra masa forestal como medida frente al cambio climático.