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REPUBLICANISMO, PROGRESO Y JUSTICIA SOCIAL

Desde Izquierda Socialista - PSOE queremos manifestar y reafirmar
nuestro firme posicionamiento a favor del republicanismo cívico que
junto al laicismo, la libertad, la igualdad, la democracia
participativa, la justicia social y la defensa del Estado de bienestar y
de los servicios públicos forman parte de las señas de identidad de esta
corriente interna de opinión y de la trayectoria vital de miles de
militantes socialistas que, desde hace más de cuarenta años, contribuyen
con su trabajo político al fortalecimiento y al acervo común del PSOE.

Por eso, no se pretende abrir un debate, si no reafirmar con claridad
nuestras convicciones,   en esta situación extraordinariamente compleja,
producida por una  pandemia que ha generado una gravísima crisis
sanitaria, con efectos devastadores en la economía y en el bienestar
social de millones de personas  que, en el caso de nuestro país, está
siendo afrontada  con el esfuerzo y el sacrificio de una gran mayoría de
la sociedad española y liderado por un gobierno progresista  liderado
por el PSOE que gestiona con acierto, no exenta de grandes dificultades,
una serie  de medidas sociales y económicas para luchar contra la
desigualdad y  fortalecer el Estado de Bienestar.

Esa inmensa  tarea necesita de la unidad y la corresponsabilidad de
todos los y las socialistas, apoyando al PSOE y facilitando la cohesión
de la coalición de gobierno, sin que un debate que ha de abordarse desde
la oportunidad, el sosiego y la madurez de una sociedad democrática
basada en la soberanía popular, sirva de excusa para que los
reaccionarios  de todo tipo, con su actitud desleal con las
instituciones democráticas  e insolidaria con la sociedad, lo utilicen
como otro palo más, de los muchos que ya llevan colocados, en las ruedas
de un gobierno progresista y de izquierda, cuestionando su legitimidad,
descalificando su gestión y saboteando los  necesarios consensos para
sacar adelante las leyes y cuantas medidas sean necesarias para afrontar
eficientemente una justa y  solidaria salida de la crisis.

Todo ello no empece, para que como corriente de opinión, aquí y ahora,
nos reafirmemos en que el republicanismo es el modelo de Estado más
adecuado para una sociedad democrática, hay muchas razones para ello,
como las pronunciadas en el debate constitucional por el que fue uno de
nuestros fundadores, Luis Gómez Llorente, “"Ni creemos en el origen
divino del Poder, ni compartimos la aceptación de carisma alguno que
privilegie a este o a aquel ciudadano simplemente por razones de linaje.
El principio dinástico por sí solo no hace acreedor para nosotros de
poder a nadie sobre los demás ciudadanos”.

Por eso, para avanzar hacia una sociedad más democrática es necesario
hacer pedagogía del  republicanismo cívico, fomentando una ciudadanía
participativa exigente en el cumplimiento de sus derechos y deberes
políticos, civiles, sociales, culturales y medioambientales, con
capacidad para regenerar y modernizar la vida política, y favorecer su
implicación en los asuntos públicos mediante la formación, la
información veraz, la transparencia y la participación en los procesos
deliberativos y de toma de decisiones.

Ni creímos en su día en defensas personalistas para argumentar a favor
de La Corona ni lo vamos a hacer ahora en contra. Pero la cruda realidad
impide poder abstraerse de los hechos que afectan al anterior jefe del
Estado ya que, desde el respeto a la presunción de inocencia, “las
informaciones a modo de explicaciones” resultan insuficientes y en aras
de esa igualdad, modernidad y transparencia, que se ofrecen y se
demandan, la Ley de Transparencia debiera hacerse extensiva a todas las
instituciones y además revisar que el principio de  inviolabilidad
cumpla su objetivo de dar garantías y estabilidad a la alta institución
pero que no pueda ser utilizado como un salvoconducto para conductas
presuntamente poco éticas y/o que no han sido debidamente explicadas. Ni
que decir tiene que, desde nuestros principios ideológicos de Justicia
Social y de  igualdad de oportunidades, se exige que cualquier
ciudadano, sin excepción,  debe tributar a las arcas públicas en función
de sus rentas y riqueza personal, máxime cuando como en este caso van
unidas la necesaria transparencia y la obligada ejemplaridad.