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PSE-EE y EAJ-PNV inician los contactos para acordar una reforma fiscal que aumente la progresividad y responda a los retos que afronta la sociedad vasca

Las direcciones de PSE-EE y EAJ-PNV han iniciado los contactos para abordar la reforma fiscal que ambas formaciones políticas consideran necesaria para aumentar la progresividad y responder a los retos que afronta la sociedad vasca. Los trabajos se desarrollarán, a partir de esta reunión inicial, de forma conjunta, atendiendo a la responsabilidad institucional que comparten los dos partidos.
Tanto PSE-EE como EAJ-PNV consideran que un acuerdo sobre futuros cambios fiscales debe tener como punto de partida una valoración muy positiva de la reforma de 2013 y los ajustes introducidos en 2018. La fiscalidad de los Territorios Históricos ha permitido, desde entonces, garantizar ingresos suficientes para el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y el apoyo a la economía productiva, dentro de un marco razonable de progresividad.
Los cambios que se han ido registrando en nuestro entorno y circunstancias inesperadas, como la pandemia o la influencia determinante de otras como la crisis energética, han exigido a lo largo de estos años la adopción de distintas medidas coyunturales que deben ser evaluadas.
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— Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak / ❤️ (@socialistavasco) January 31, 2023
Una sociedad moderna como la vasca debe responder con la fiscalidad, una potente herramienta de reparto de la riqueza y de lucha contra la desigualdad, a las grandes transformaciones que va a experimentar en distintos ámbitos. El reto demográfico, la transformación digital, la economía sostenible, los cambios en el empleo y un sinfín de fenómenos más requieren una respuesta también desde la fiscalidad con la que los dos partidos están comprometidos.
PSE-EE y EAJ-PNV coinciden, además, al reafirmarse en la adaptación en los territorios forales del Impuesto de Solidaridad de las grandes fortunas, concertado en la Comisión Mixta a finales de 2022, proceso que debe concluir con la modificación de la Ley del Concierto en el Congreso de los Diputados, todavía pendiente, y su regulación en las respectivas Juntas Generales.