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Para empezar, paguemos todos. Diario Vasco

07/08/2011

Lo que pretendo con mi propuesta sobre fiscalidad es que todo el mundo aporte de forma proporcional a sus ingresos y que paguemos todos, que nadie sortee su responsabilidad con la comunidad

El pasado 20 de julio recibí en Lehendakaritza a los responsables de las diputaciones forales surgidas del 22-M: tres diputados generales de tres partidos políticos diferentes. Una imagen clara de la pluralidad política del país, que en esta ocasión ha tenido una expresión institucional mucho más rotunda. Pero esta expresión de pluralidad no puede derivar en la fragmentación territorial de Euskadi, con el riesgo de que cada partido quiera gobernar para su tribu política, de espaldas a los demás territorios. En esta situación, mi Gobierno tiene una responsabilidad añadida: garantizar la cohesión de Euskadi y coordinar esfuerzos y proyectos para que nuestra realidad constitutiva de tres territorios no nos impida ser un solo país.
Por ello, a los diputados generales les planteé la necesidad de trabajar juntos para definir las líneas de actuación básicas y urgentes que debemos acometer: el fomento del empleo, el desarrollo de las políticas sociales, la eliminación de las duplicidades institucionales y el avance hacia una fiscalidad más justa y equitativa. Hoy quiero referirme a la propuesta sobre fiscalidad, ya que ha sido, a mi entender, malinterpretada y criticada de forma inadecuada por algunos.
¿Qué quiero conseguir con mi propuesta? Voy a decir primero lo que no quiero. No pretendo subir los impuestos a todo el mundo, ni impedir el crecimiento económico ahogando a las empresas vascas. Eso es rotundamente falso. Pretendo sobre todo dos cosas: que nuestro sistema fiscal sea más justo; es decir, que todo el mundo aporte de forma proporcional a sus ingresos. Y segundo, que paguemos todos, que nadie sortee su responsabilidad con la comunidad.
No pretendo que los que ya contribuyen paguen más. Porque en Euskadi hay mucha gente que paga. Fundamentalmente, las personas que reciben sus rentas mediante una nómina, que aportan en torno al 80% de todo lo recaudado por el IRPF. Y quiero resaltar el esfuerzo de las clases medias con buenos salarios, ya que, siendo el 10% de los contribuyentes, aportan el 50% de la recaudación. Pero hay otras clases medias que no son tan solidarias: los rendimientos profesionales suponen sólo un 7%. La renta media que declaran los profesionales, autónomos y otros colectivos no sujetos a nómina es un 40% menor que la que declaran los trabajadores por cuenta ajena.
No hace falta ser economista para darse cuenta de que algo no cuadra aquí. Y casi todos hemos recibido el ofrecimiento de si queremos la factura por un servicio o una compra 'con o sin IVA'. Son pequeños fraudes que, acumulados, abren un gigantesco agujero en las arcas públicas y en la moral ciudadana.
La pregunta no es si hay que subir o no los impuestos. La pregunta es: ¿quién paga aquí? Y yo quiero poder responder: en Euskadi pagamos todos, y cada cual según sus ingresos. El fraude fiscal en Euskadi tiene un coste anual estimado en 2.500 millones de euros, una cantidad equivalente a lo que nos cuesta todo el sistema educativo vasco.
Utilizando una metáfora que no es mía, yo no pretendo ordeñar la misma vaca muchas veces: lo que planteo es ordeñar a las vacas que se escapan sin ser ordeñadas. Por justicia y para no seguir exprimiendo siempre a los mismos. No entiendo que nadie pueda ofenderse porque propugne más coordinación entre las haciendas forales, colaboración con otros organismos públicos y unos planes más decididos contra el fraude fiscal. Porque yo tengo claro a quiénes defiendo; a los que pagan. Esa es la razón por la que he planteado a las diputaciones un único Plan Integral contra el Fraude en toda Euskadi, un esfuerzo más decidido contra las termitas que van minando la legitimidad de nuestro sistema fiscal. Y también he pedido transparencia entre las haciendas forales y entre estas y la Agencia Tributaria. Porque la información coordinada es la mejor herramienta para hacer frente al fraude.
Siguiendo con las metáforas, no es mi idea que en las sedes de Hacienda tengamos sacerdotes en confesionarios para absolver pecados: queremos técnicos e inspectores con herramientas suficientes para perseguir a los pecadores que defraudan. Y estoy convencido de que los inspectores forales asegurarán la confidencialidad de los datos de todos los contribuyentes, sean del territorio que sean.
Además de luchar contra el fraude, tenemos que preguntarnos si nuestro sistema fiscal es justo y equitativo: si todos pagamos de acuerdo a las rentas que tenemos. Como muchos ciudadanos, yo creo que no, que tenemos mejorar. Porque no es ni razonable ni justo que alguien cuyo salario es de 80.000 euros pague mucho más que otra persona que ingresa la misma cantidad en bonus o dividendos. Hay muchos profesionales y directivos que han salido del IRPF convirtiéndose en personas jurídicas y utilizando una compleja ingeniería fiscal que les permite aportar menos de la mitad de lo que deberían si declararan sus ingresos como renta de trabajo. Por eso he planteado una serie de medidas para lograr que la misma cantidad de renta pague igual, aunque no esté sujeta a nómina. Y he propuesto, asimismo, recuperar el Impuesto de Patrimonio. En estos tiempos en que la crisis ha castigado especialmente a las rentas más bajas y les ha obligado, en muchos casos, a grandes sacrificios para seguir adelante, es necesario pedir también un esfuerzo a los que más tienen. Esta es la razón del Impuesto de Patrimonio, que afectaría a las personas con mayor capacidad; sólo se aplicaría a los patrimonios individuales mayores de 300.000 euros, sin contar la vivienda habitual.
Estas han sido algunas de mis propuestas. Sé que tenemos que hablar y negociar entre todos. Respeto la autonomía de las diputaciones, pero es necesario hacer más justo y equitativo nuestro sistema fiscal. Defenderé además, como estamos obligados por la normativa vigente, una misma fiscalidad para el conjunto de Euskadi. Nadie puede envolverse en su territorio y decir aquí mando yo.
Toda la ciudadanía, colectivamente, debemos decidir nuestra fiscalidad. Y una vez que logremos mejorar el sistema, deberemos preguntarnos también qué servicios queremos tener y cuánto nos hace falta para financiarlos. Pero, para empezar, por justicia, vamos a conseguir que en Euskadi paguemos todos.

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