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Urria 2018

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Itxi
PSE EUSKADI

PSE-EE PSOE Socialistas Vascos

Una política económica al servicio de l@s ciudadan@s (c)

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Los planes propuestos contemplarán los siguientes contenidos:

… La formación de los jóvenes y la lucha contra el abandono escolar.
… Impulsar la Formación Profesional desde los centros existentes en estrecha conexión con las empresas de las comarcas, con el fin de obtener las cualificaciones laborales más adecuadas para la incorporación de los jóvenes y reforzando en su formación la enseñanza del inglés.
… Desarrollar políticas sociales que garanticen la lucha contra la exclusión.
… Programas de mejora de la atención a las personas mayores, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, y apoyo a las oportunidades de empleo que se abren en este ámbito.
… Plan de inversiones en operaciones integradas de renovación urbana, con el fin de conseguir un medio físico más atractivo y amable. El Gobierno vasco destinará 50 millones de euros de sus Presupuestos para reforzar actuaciones impulsadas por la iniciativa privada y/o los municipios y Diputaciones implicados.
… Utilización amplia y decidida de las posibilidades de ayudar a la inversión que permite la Unión Europea para las “zonas desfavorecidas”, con el fin de lograr su reindustrialización. Estas ayudas se dirigirán en dos líneas:

  • A las inversiones productivas de las empresas industriales ya existentes que supongan una mejora de su actividad y/o incremento de empleo.
  • A las inversiones en industrias de futuro de nueva creación.

Para favorecer esta reindustrialización nos comprometemos a duplicar la dotación económica de los actuales programas para la Margen Izquierda y Oiatzualdea, y a destinar a lo largo de la legislatura al menos 50 millones de euros de los programa de I+D+i para las actuaciones en esta materia abordadas por las empresas instaladas o de nueva instalación en ambas zonas.

… Siendo la generación de empleo el objetivo básico de las actuaciones, se realizará desde el Gobierno un seguimiento permanente de las actuaciones públicas, para conseguir que en los cuatro años de legislatura la tasa de actividad de las zonas definidas alcance el 65% de su población en disposición de trabajar.

Para ello, además de los 50 millones destinados a I+D+i en las zonas consideradas desfavorecidas por la Unión Europea, se dedicarán al menos 100 millones de euros para las distintas inversiones que se aborden en el resto de comarcas y poblaciones señaladas.

Las comarcas y poblaciones en los que se acometerán Planes Específicos de Actuación son las siguientes:

1. En Bizkaia: Margen Izquierda-Zona Minera y Encartaciones.
2. En Gipuzkoa: Pasaia y Rentería (Oiartzualdea); Éibar (Bajo Deba-Debabarrena); Zumárraga (Alto Urola); e Irún (Bidasoa).
3. En Álava: Montaña Alavesa y Valle de Ayala, atendiendo a las necesidades especiales que presentan por su hábitat rural y el riesgo de despoblamiento.

 

INVERSIÓN E IMPACTO ECONÓMICO.

En total, dichos planes contarán con una dotación financiera desde los Presupuestos del Gobierno vasco de 250 millones de euros a lo largo de la legislatura. Teniendo en cuenta que gran parte de las ayudas públicas completan y promueven inversiones y aportaciones superiores de carácter privado por parte de las empresas subvencionadas y de los particulares, estimamos que el impacto directo de dichas actuaciones para las comarcas y localidades señalada rondará los 1.000 millones de euros a los largo de la próxima legislatura. Sin embargo, las repercusiones en la realidad socioeconómica de esas zonas será muy superior, dado el efecto multiplicador y dinamizador que tienen las inversiones previstas.

 

 


4. UN PAIS. TRES HACIENDAS. UNA FISCALIDAD.

MÁS CULTURA FISCAL.

La fiscalidad es el pilar que sostiene todas las políticas públicas. Mediante la fiscalidad se comparte y distribuye una parte de la riqueza, se disponen recursos para políticas de igualdad, se atiende a quien más lo necesita y se practica la solidaridad.

La fiscalidad facilita la convivencia porque permite armonizar colectivamente los servicios y prestaciones que la ciudadanía de esta sociedad moderna demanda.
La fiscalidad se desarrolla mediante leyes y normas que deben estar guiadas por una creciente cultura fiscal.

El Socialismo promueve, impulsa y gestiona la esencia de una fiscalidad progresista y progresiva, donde el esfuerzo fiscal y su reparto obedezcan al principio de pagar proporcionalmente por lo que se tiene y recibir por lo que se necesita.

 

ÁMBITO Y ARMONIZACIÓN DE LA FISCALIDAD.

La armonización de la fiscalidad tiene dos ámbitos: el de las Instituciones y el de la Ciudadanía.

L@s Socialistas queremos compartir el marco de la Política Fiscal, respetando el escenario donde reside su capacidad normativa.

Euskadi es un País con servicios y prestaciones comunes y también descentralizadas. La fiscalidad financia los servicios y prestaciones comunes que gestiona el Gobierno vasco, los que gestionan las Diputaciones Forales y los que gestionan los Ayuntamientos. Aproximadamente, dos tercios de los recursos los gestiona Gobierno y un tercio, a partes iguales, Diputaciones y Ayuntamientos.

En esa realidad apostamos por:

  • Consolidar el debate y aprobación en el Parlamento vasco de propuestas tributarias, en un Pleno Monográfico Anual de Política Fiscal como el celebrado en 2013, fruto de nuestra tenacidad, y que hoy arroja importantes resultados.
  • El Estatuto de Gernika regula competencias fiscales que deben ser desarrolladas en el Parlamento vasco en el concepto moderno en el que están inspiradas, para que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas del País Vasco tengamos similares derechos y obligaciones.
  • La fiscalidad debe formar parte de una enseñanza reglada sustentada en una Educación de Valores.
  • Transparencia total en el destino público y social al que destinan las Administraciones el gasto.
  • Revisar por qué nuestro modelo fiscal es menos eficiente que los de nuestro entorno europeo.
  • Revisar las causas del desfase que se viene produciendo entre previsiones de recaudación y recaudación efectiva. Activación de medidas para evitarlo.
  • Incorporar al Consejo Económico y Social (CES) al dictamen preceptivo sobre las Normas Forales Fiscales, mediante la correspondiente modificación legislativa.
  • Nuevas medidas fiscales para la reactivación de la economía.

 

TOLERANCIA CERO CON EL FRAUDE FISCAL.

El fraude fiscal es responsabilidad de quien lo practica, pero deslegitima al conjunto de la sociedad y, sobre todo, a la Administración pública, que es quien tiene la capacidad para perseguirlo, evitarlo y sancionarlo.

El fraude perturba la convivencia ciudadana porque carga sobre una parte el esfuerzo tributario que a todos nos corresponde.

El fraude limita y daña la capacidad de servicios y prestaciones que ofrecen las Administraciones.

La lucha contra el fraude tributario debe ser un objetivo permanente, debe estar bien dotada de medios y debe tener objetivos y resultados medibles y evaluables.

El fraude es un engaño a toda la ciudadanía. No hay economía social más rentable ni política social más justa que la que impide el fraude y la que reparte equitativamente las cargas tributarias.

Medidas para reforzar la lucha contra el fraude fiscal:

  • Incorporar a los Ayuntamientos en este objetivo a través del Órgano de Coordinación Tributaria.
  • Extender la lucha contra el fraude a toda la sociedad, elaborando un Plan Estratégico en el que se implique la Inspección tributaria, otras entidades, agentes sociales externos, etc.
  • Ampliar las actuaciones de obtención de la información fiscal a la Unión Europea.
  • Declarar prioritarios los modelos de información relativos a las actividades económicas 347, 349, 036, 180, con mecanismos de control y contraste similares al modelo 190.
  • Con respecto a los sectores de mayor y especial riesgo, facilitar y potenciar la presentación de contabilidad a través de procesos informáticos.
  • Creación de un modelo propio de presentación de resultados basado en la contabilidad para elaborar estudios de sector y obtener análisis de resultados.
  • Publicación de la lista de defraudadores de forma conjunta.
  • Imposibilidad de acceder a la contratación pública para quienes cometan fraude.
  • Selección, formación y actualización de medios humanos de Inspección de forma coordinada entre Territorios, resolviendo carencias o duplicidades.
  • Contratación de Inspectores especialistas en el uso de medios sofisticados para realizar ocultaciones fiscales amparándose en la globalización.
  • Aumentar la colaboración con las unidades especializadas de la Ertzaintza en la persecución del delito fiscal.
  • Limitar la cantidad y variedad de los pagos en efectivo a 1.000 euros.
  • Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, potenciando canales de comunicación directos entre la Administración y los contribuyentes, especialmente con las nuevas tecnologías, buscando a la vez limitar el coste de gestión del cumplimiento tributario.
  • Potenciar la existencia de cuentas corrientes tributarias del contribuyente donde se anoten impuestos pagados y recursos recibidos.
  • Revisar la legislación tributaria, en un permanente control de la calidad legislativa, para evitar la elusión fiscal.
  • Revisar y endurecer la responsabilidad solidaria de personas físicas y jurídicas que ayuden a cometer fraude.
  • Revisar y endurecer las sanciones por fraude, evitando que resulten rentables a quienes defraudan.
  • Impulsar las modificaciones legales para reducir a 50.000 euros el umbral para considerar un fraude como delito penal.
  • Diferenciar la prescripción fiscal en materia de información fiscal, auto-declaración, declaración, liquidación, sanciones e intereses.
  • Revisar el régimen de módulos, orientándolos a la estimación directa.
  • Revisar regímenes especiales de IVA.
  • Igualar el plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años, o a10 en casos de delito continuado.
  • Evaluación continua de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, mediante auditorías de la Inspección de tributos, de gastos fiscales y de gastos de persecución del fraude fiscal.
  • Cuantificar anualmente el objetivo de recaudación en el Plan correspondiente de Lucha Contra el Fraude.

 

AJUSTES EN LA POLITICA FISCAL PARA UN SISTEMA MÁS JUSTO Y PROGRESIVO.

La sostenibilidad de las políticas públicas necesita del equilibrio de los ingresos. El modelo de bienestar es y será proporcional a los recursos disponibles.

Para lograr estos objetivos proponemos:

  • Que pague más quien más tiene.
  • Que todos los rendimientos del capital y del ahorro tributen igual que lo hacen los rendimientos del trabajo en el IRPF.
  • Eliminación de la regulación de Ganancias Patrimoniales no Justificadas.
  • Revisar y limitar las deducciones en materia de vivienda y previsión social.
  • Elevar el los ingresos mínimos exentos a 18.000 euros, siempre que procedan de una sola fuente.
  • Limitar el recargo de equivalencia en IVA.
  • Ajustar la carga impositiva a personas emprendedoras a los ingresos realmente percibidos.
  • Revisar, reducir o eliminar bonificaciones del Impuesto sobre Sociedades que no vayan destinados a crear empleo de calidad, proteger el medio ambiente, mejorar la eficiencia energética o a actividades de mecenazgo cultural.
  • Establecer el mínimo de la cuota efectiva en el Impuesto sobre Sociedades en el 18% de la base imponible.
  • Crear un impuesto sobre Riqueza y Grandes Fortunas armonizado en los tres Territorios.
  • Implantar nuevas figuras impositivas sobre alimentos no saludables, residuos de envases, embalajes y bolsas de plástico.
  • Establecer el derecho de consumidores a pagar con tarjeta de crédito cualquier bien o servicio que supere los 25 euros.
  • Mejorar el cobro en vía ejecutiva, evitando que prescriban deudas tributarias.
  • Garantizar el retorno de las ayudas públicas cuando se incumplan los objetivos por las que se concedieron.