El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak pide al Gobierno vasco “que promueva e impulse negociaciones” para el traspaso y asunción de las competencias de gestión y ejecución de las actuales Oficinas de Registro Civil antes de que entre en vigor el Decreto que prevé su privatización el 15 de julio de 2015. El objetivo es que este servicio siga siendo público y gratuito “ahora y siempre”.

En una proposición no de ley, la portavoz socialista de Justicia, Miren Gallástegui, recuerda que el Gobierno de España pretende dejar en manos de intereses privados el Registro Civil, mediante la entrega de la gestión del mismo a los registradores mercantiles, y pone en cuestión el mantenimiento de los Juzgados de Paz y de los actuales partidos judiciales.

Esta privatización supondrá la pérdida de 3.500 puestos de trabajo de empleados públicos que han sido formados, capacitados y especializados en materia de registro civil, así como la eliminación de gran parte del cometido de los Juzgados de Paz como medida previa a la supresión de los mismos. “De hecho, las reformas de la Ley de Planta y Demarcación Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial deja la puerta abierta a la supresión no sólo de los Juzgados de Paz sino de también de la mayoría de los partidos judiciales, de manera que solo existan juzgados en las capitales de provincia. Esto unido a la entrega de la encomienda del Registro Civil a los registradores mercantiles, vacía de contenido, aún más, las funciones de los juzgados de Paz, y deja abierta la puerta a la supresión de los mismos”, explica.

Gallástegui añade que, aunque el Real Decreto Ley 8/2014 determina que el servicio será gratuito, estos servicios estarán sujetos a tasas, porque los registradores mercantiles, a pesar de ser “funcionarios públicos” en la forma de acceso al puesto, y en la función que desarrollan en régimen de monopolio, cobran por sus servicios mediante arancel. Por ello, esos aranceles se aplicarán los trámites de Registro Civil, que son obligatorios para cualquier ciudadano y los que reflejan todos sus hechos vitales, como la inscripción de nacimientos, los libros de familia, las defunciones, la expedición de certificados, o la fe de vida y estado.

Registro de vida

La parlamentaria socialista subraya en su iniciativa la función esencial que tanto los Registros Civiles como los Juzgados de Paz tienen en la vida de todos los ciudadanos. “En el Registro civil se inscriben los hechos esenciales que afectan a las personas a lo largo de su vida. Así, se anota su nacimiento, su matrimonio, los hijos que tiene, y su defunción. También se tramitan expedientes que responden a vicisitudes en la vida de todas y todos, que provocan modificación de la inscripción inicial: un reconocimiento de paternidad/maternidad, una adopción, un reconocimiento de incapacidad, tutelas, un cambio de nombre, de apellido o de sexo, o incluso la adquisición de una nacionalidad, o la expedición de la fe de vida tan necesaria para nuestros mayores a la hora de poder seguir cobrando pensiones públicas o seguros o complementos privados o de empresa. Por esa razón ha sido atendido desde siempre por funcionarios públicos, y desde hace años pertenecientes al Ministerio de Justicia (o la Consejería de la comunidad autónoma respectiva), que garantizan la privacidad de los datos registrados, así como el acceso libre y gratuito a los legítimos interesados”, indica.

En cuanto a los Juzgados de Paz, “acercan la administración de Justicia al ciudadano, en cuanto que permiten recibir información general de cualquier procedimiento en el que se sea parte, y actúan, además, como Registro Civil; evitando, de esta manera, desplazamientos de la ciudadanía a las capitales de provincia para realizar trámites de la vida cotidiana, al existir un Juzgado de Paz en cada municipio.

“Además, la nueva ley potencia las facultades de los Registradores y amplía exponencialmente el número de supuestos que deben ser inscritos previo pago por parte de los ciudadanos, como puede ser cualquier poder, la inscripción del domicilio, los planes de pensiones, o los testamentos. Con ello, el Registro Civil va a pasar a ser una actividad mercantil sometida a precio por cada acto que se realice, precio que va a pasar a engrosar los bolsillos de una minoría privilegiada”, denuncia, añadiendo la falta de seguridad en la protección de datos, al pasar de empleados públicos a manos privadas, o el traspaso a registradores de la propiedad de todas las infraestructuras modernizadas con fuertes inversiones pública, hasta 128 millones de euros sólo en informatización y digitalización, en los últimos años.

Por todo ello, además de expresar el rechazo a la reforma proyectada por el Gobierno de España “que entrega la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles”, y de solicitar el respaldo de la Cámara a este servicio público y gratuito “ahora y siempre”, Gallástegui propone instar al Gobierno vasco a que “promueva e impulse negociaciones para el traspaso y asunción de las competencias de gestión y ejecución, habida cuenta que el R.D.L mencionado entrará en vigor el 15 de Julio de 2015”.