El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak propone que las viviendas de protección oficial que se hayan construido en régimen de compra y lleven un año sin venderse pasen a ser ofertadas en alquiler, y que sus arrendatarios no deban pagar por su uso más de una tercera parte de los ingresos mensuales de la unidad convivencial.

En una proposición no de ley, el portavoz socialista de Vivienda, Bixen Itxaso, recuerda que el Plan Director de Vivienda 2013-2016, presentado en diciembre de 2013 por el Gobierno Vasco, defiende el alquiler como la opción más viable para muchos demandantes de vivienda. Con esa base, en dicho documento estratégico se plantea, entre otras medidas, la posibilidad de que el exceso de vivienda existente en régimen de compra se destine a esta opción de acceso a la demanda de protección pública.

“Sin embargo, los objetivos planteados no se cumplen. La información remitida a nuestro grupo por el Gobierno revela que, a 30 de junio de 2014, el número de solicitantes de vivienda en alquiler inscritos en Etxebide es de 47.270 y el parque de vivienda en alquiler gestionado por Alokabide  es de 11.293 viviendas. Hay un evidente desequilibrio entre la oferta y la demanda que hay que corregir con urgencia, dando salida a las viviendas en régimen de compra sin adjudicar y, sobre todo, dando una salida a los miles de vascos que buscan un sitio donde vivir y que puedan pagar”, explica el parlamentario socialista.

Para corregir este desequilibrio, Itxaso propone que el Gobierno vasco incluya en el parque público de vivienda en alquiler social gestionado por Alokabide aquellas viviendas construidas en régimen de compra y que lleven más de 12 meses sin adjudicar. Junto a ello, plantea que la cantidad que el arrendatario deba pagar por el uso de esas viviendas  no supere el 30% mensual de los ingresos de la unidad convivencial considerados, tasas y gastos de comunidad incluidos. “Asimismo, los contratos suscritos incluirán la revisión anual de la renta de alquiler, al alza o a la baja, en función de los ingresos de la unidad convivencial obtenidos en el ejercicio anterior a la fecha de revisión”, concluye.