El Consejo Vasco de Finanzas va a acordar mañana cómo se reparte entre el Gobierno y las Diputaciones el pago de la multa de 30 millones de euros impuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los retrasos indebidos en la recuperación de las “vacaciones fiscales” ordenada por dicho Tribunal en la sentencia de 2006 que consideró esos incentivos fiscales como contrarios a las normas de competencia europeas.

“Para el PSE-EE, el reparto del coste de la sanción no cierra este episodio lamentable. Todos los vascos y vascas vamos a pagar el error de unos pocos, que tienen nombre y apellidos. Y lo mínimo exigible es que estas personas, algunas de cuales se sentará en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, asuman públicamente su responsabilidad y admitan que se equivocaron al seguir una estrategia suicida”, ha manifestado el Secretario de Economía de la Ejecutiva socialista, Javier Lasarte.

“Hasta ahora no han hecho. Por el contrario, han tratado de evitar que las miradas se fijen en ellos creando debates de distracción sobre qué institución tiene que pagar y en qué proporción. Lo único cierto es que estos 30 millones de euros son la consecuencia de la prepotencia y la frivolidad del PNV y el PP al frente de las Diputaciones Forales, que optaron por el peor camino a la hora de resolver con la Comisión Europea el contencioso surgido a finales de los años noventa con los incentivos fiscales a la inversión conocidos como ‘vacaciones fiscales”.

Porque la multa no se impone por la ilegalidad cometida, sino por la dilación de las Diputaciones en cumplir la sentencia firme del Tribunal Europeo de 2006, después de haber ninguneado y mareado a la Comisión Europea ocultándole información, como recogió la abogada general del Tribunal Europeo en la vista oral.

“Alguien tiene que reconocer su responsabilidad en el estropicio, y el PSE-EE lo va a reclamar en las instituciones correspondientes. No puede ser que la pérdida de 30 millones de euros tan necesarios en estos momentos se despache como un simple accidente”, ha añadido Javier Lasarte. “Esa cantidad no es un asunto ‘menor’, como llegó a decir el portavoz del Gobierno Josu Erkoreka: 30 millones de euros es más del doble de lo que el Gobierno se va a gastar este año para contratar personas en paro en los municipios. Y no es consecuencia de que en Europa no entiendan a Euskadi, argumento victimista del nacionalismo, sino porque algunos no quieren entender las normas que rigen en Europa”.

El PSE-EE quiere precisar que la Unión Europea nunca ha cuestionado la capacidad de los territorios históricos de conceder ayudas fiscales a las empresas, ni tampoco el Concierto Económico. Lo que la Comisión Europea impugnó, y el Tribunal de Justicia de la UE ratificó, es que unos incentivos concretos establecidos en los años noventa por las tres Diputaciones forales, las llamadas “vacaciones fiscales” y el crédito fiscal del 45% de determinadas inversiones, se aplicaron vulnerando las normas europeas de competencia y sin comunicarlos previamente a Bruselas.

La Comisión Europea ya estableció en 2001 la ilegalidad de los incentivos. Sin embargo, las tres Diputaciones gestionadas entonces por el PNV y el PP, alentadas por la patronal Confebask, en vez de recuperar las ayudas concedidas como ordenó Bruselas, se lanzaron a una huida hacia delante. Primero, con una estrategia fracasada de recursos y negándose a dar a la Comisión la información requerida; y después, retrasando irresponsablemente  la recuperación de los incentivos, algo que no se empezó a hacer hasta 2011, seis años después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, y no se culminó hasta el año pasado.

“Estos son los motivos por las que la ciudadanía vasca va a tener que pagar 30 millones de euros: las decisiones adoptadas por unas personas que todavía no han dado la cara ni han asumido su responsabilidad”, ha concluido el Secretario de Economía del PSE-EE.