PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

Existieron las dos Españas, no hay duda, pero tampoco debiera dudarse demasiado de que aún siguen existiendo. Cuando fue aprobada la Ley de Amnistía, en plena Transición, el espíritu nacional continuaba dividido. Franco había muerto pero quedaban los franquistas y, por más que la Transición se empeñara en provocar olvidos y favorecer perdones, aconteció algo extraordinario: no fue suficientemente opaco el toldo que se extendió sobre la ignominia de los tres años de Guerra Civil y más de treinta de Dictadura franquista, y no se produjo la solicitud de perdón por parte de quienes habían alimentado y aceptado las atrocidades franquistas. La derecha española se había estructurado en tres áreas: UCD era un grupo político amplio aunque con escasa vocación de perdurar, poco ideologizado socialmente, al que había sido encomendado protagonizar la Transición a la Democracia, de la mano de Adolfo Suárez; AP recogió alrededor de Fraga y de un ramillete de ex ministros franquistas a los irreductibles que se mostraban a seguir legitimando al franquismo aunque ya sin Franco; y había otro espacio en la ultraderecha más violenta en el que se aglutinaron quienes, signados por los dioses y el destino, querían resucitar a Franco, o investir a algún otro militarote que continuara su andadura.

Esta era una de las Españas, la irredenta que aún persiste, aunque estructurada de otro modo. La izquierda estaba diezmada y atemorizada. No solo la guerra civil había arrasado los pueblos y ciudades españolas, sino que la posguerra había asesinado a una gran cantidad de supervivientes: gentes de izquierdas, republicanos comprometidos con el régimen desmontado por Franco, o simples demócratas convencidos de que cualquier sistema político que responda a la voluntad popular ostenta mayor autoridad moral y legitimidad que cualquier otro sistema autoritario surgido de la voluntad de un sátrapa asesino y dictador. Por eso, aquella izquierda que había sobrevivido en la clandestinidad, manteniendo unas organizaciones escuálidas en el exilio, vieron con ojos esperanzados las figuras que sucedieron al franquismo: el Rey Juan Carlos como Jefe del Estado, y Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno. Aquella esperanza se vio acrecentada en el hecho de que muy pronto fueran legalizadas las formaciones socialistas, comunistas y nacionalistas que, por haberse mantenido fieles a la República, habían sido perseguidas por Franco y sus sucesivos Gobiernos.

En este paisaje político daba la Transición los primeros pasos. Europa entera permanecía expectante ante aquel instante que requería tantos esfuerzos: discreción para no provocar reacciones en contra; inteligencia para que los cambios aplicados a Instituciones inmovilistas como el Ejército o las Fuerzas de Seguridad, se convencieran de que las armas que portaban debían tener fines y utilidades diferentes; humildad para que el proceso que se iniciaba no diera a entender que había vencedores y vencidos; generosidad para que nadie exigiera responsabilidades excesivas sobre el pasado. Al final, todos los esfuerzos tendían a lograr un objetivo fácil de conseguir y otro difícil de consolidar. El fácil fue crear unas estructuras democráticas basadas en la distribución de los ciudadanos en partidos políticos, la gran mayoría de ellos firmemente comprometidos con la consecución de la democracia. El difícil era la extensión del olvido a todos los rincones de España y a todas las mentes de los españoles. Difícil porque las heridas no son sólo dolorosas mientras sangran sino también cuando, pasado el tiempo, se contemplan sus cicatrices. Difícil porque la memoria siempre es más consistente que el olvido, al menos mientras aún están presentes en el escenario los protagonistas de la Historia.

Que algunos voceros de la derecha española actual hablen aún de las dos Españas como algo negativo, sin ruborizarse o pedir perdón antes, solo responde a su mezquindad a la hora de hacer balance de aquel tiempo. Esa derecha, que ya no ocupa las tres áreas reflejadas en el primer párrafo sino que se aglutina en el PP (con el débil apósito de pequeños grupos de ultraderecha que les sirven de agitadores, a los que nunca tachan de violentos ni antidemocráticos), sigue constituyendo la España de la intransigencia, cerrada en sus propios dogmas, nada presta a ningún tipo de evolución e incapaz de aceptar la pluralidad actual, que responde al modo nuevo de comportarse la Humanidad. Como quiera que el resto de los españoles y las españolas abogamos por extender derechos de ciudadanía también a los individuos de las clases más humildes, y lo hacemos criticando sus hermetismos, no dudan en achacarnos que deseamos reproducir aquel esquema anquilosado en que las izquierdas eran depositarias de las infidelidades y miserias mientras la derecha -siempre Una y unida, Grande y esplendorosa, y Libre aunque opresora- se mostrara depositaria de las virtudes.

Hubo dos Españas, y el PP quiere que siga habiéndolas. Cada vez que los gobiernos socialistas han propuesto el abordaje de problemas surgidos en los últimos tiempos, el PP ha mostrado su oposición basándose en razonamientos anticuados y poco acordes ni con la realidad ni con la modernidad. Fue el Gobierno socialista el que aprobó las regulaciones de las parejas de hecho, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley del divorcio, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, etc, y siempre el PP se ha opuesto echando mano a la doctrina cristiana, con el impagable apoyo, formal y logístico, de la Iglesia Católica. Sin embargo, llegado al Gobierno, el PP no ha derogado ni una sola de las leyes aprobadas, aprovechándose de sus beneficios tanto cuando las utilizan como cuando las niegan.

La última infamia de esta derecha española ultramontana se está produciendo ahora en relación con el enjuiciamiento del Juez Garzón, acusado por dos organizaciones (Manos Limpias y Falange Española) muy poco democráticas, a las que el PP jamás ha criticado y, en todo caso, está dispuesto a utilizar en su provecho. . En el fondo de todo ello está la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica cuyo cumplimiento y desarrollo Garzón está dispuesto a facilitar. También la interpretación de la Ley de Amnistía que fue debatida en el Parlamento Español en 1977. En aquel momento la necesidad de consolidar la democracia recién conquistada (sin armas), exigió a las izquierdas perdonar a los asesinos rebeldes. También gran parte de la derecha se comportó honestamente, pero no toda, en todo caso no lo hizo la formación liderada por Fraga (AP), de la que es heredero el PP. Lo contradictorio fue que apoyaron la amnistía los agredidos y la negaron los agresores.

Conviene establecer la debida comparación entre las intervenciones de los líderes políticos durante el debate de la Ley de Amnistía. Marcelino Camacho advirtió que "la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas,..., pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie". Txiki Benegas subrayó: "hoy estamos cumpliendo con un profundo deber de demócratas, con un ineludible compromiso con la libertad". El nacionalista Arzallus fue tajante: "Olvidemos, pues, todo...la ley que estamos haciendo aquí hemos de procurar que vaya bajando a la sociedad, que esta concepción del olvido se vaya generalizando". También lo fue el centrista Arias Salgado: "Estamos tratando de hacer realidad una vieja y sentida aspiración: la definitiva institucionalización de un Estado democrático y de derecho que ampare la libertad de todos". Sin embargo, la intervención del portavoz de AP Antonio Carro también lo fue aunque en sentido contrario: "Me temo que la amnistía que nos proponéis se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de derecho y en una profunda erosión de la autoridad...". Curiosa contradicción que quedó plasmada en la abstención de los populares de AP, con Fraga a la cabeza, lo que les llevó igualmente a no participar en el aplauso con que se celebró la aprobación de la Ley de Amnistía.

Con ese preámbulo no resulta extraño escuchar a quienes, desde el actual histrionismo de la derecha, nos acusan de reproducir las "dos Españas". Son ellos precisamente los que viven felices en ese ambiente. Les asiste tal ceguera, derivada de sus reductos ideológicos pseudofascistas, que prefieren que los esqueletos de los muertos por la dictadura franquista continúen enterrados en las cunetas en lugar de que reposen en los camposantos o en los lugares destinados al fin noble de honrar la memoria de la muerte, sea ésta del modo que sea. Da la impresión de que el proceso de la Transición, que tanto ha sido alabado, no fue tan perfecto. Lo evidente es que la Transición no ha madurado sus frutos en las huestes del PP, aún dispuestas a establecer grados de culpabilidad en los miserables pasajes de la Guerra Civil y del franquismo. Soy de la opinión de que la Transición habrá culminado su labor justamente cuando muera el último testigo de aquel tiempo. Todo el que viviera, aunque fuera un recién nacido, en el comienzo de la Guerra Civil, y llegara a sufrirla, tiene derecho a recordar aquel tiempo como suyo, por tanto tiene derecho a usar la Memoria Histórica. Será mejor que lo haga, además, con el espíritu de reconciliación que guió los debates de la Ley de Amnistía.

Si aún existen las dos Españas es porque a la derecha le interesa pertenecer a una de ellas, y se encuentra más a gusto proclamando que los progresistas y otras gentes de bien, incluso algunos miembros de la derecha no cavernícola, estamos en la otra España. Permanecen fieles a una frase que pronunció Antonio Carro en el debate de la Ley de Amnistía: "Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores". Mucho me temo que siguen pensando lo mismo que entonces. O casi.