Cada guipuzcoano genera al día casi un kilo de basura. Las proclamas y declaraciones de los gobiernos locales de Bildu en Gipuzkoa tropiezan cada día con esa realidad, que no abre paréntesis alguno en su implacable tozudez, por mucho que sus dirigentes abran, con la colaboración desconcertante del PNV, moratorias de reflexión. Lo cierto es que la basura sigue siendo un problema cada vez más acuciante, y ya traspasa una triple frontera: la física, que nos obliga a exportar basura a Navarra, Iparralde y Bizkaia; la política, que nos alerta sobre una crisis que no es sólo ambiental sino también económica y financiera; y la del sentido común, comprobados los modelos de recogida de basura que se pretenden generalizar a lo largo y ancho del Territorio. Pero sigue siendo necesario, hoy más que nunca, abordar este problema con rigor y determinación, a la vista del encendido debate político, tratando de huir de dogmatismos.
El nuevo sistema de recogida selectiva 'puerta a puerta de los residuos sólidos urbanos que anuncia Bildu, no es nuevo. Está implantado en algunas regiones europeas y resulta interesante reconocer algunas experiencias. Se trata de un sistema que puede contribuir a aumentar los umbrales de reciclaje, si bien, como todo modelo, deja al descubierto sus propios límites. De hecho, la agencia de estadística oficial de la UE, Eurostat, no deja margen para la duda: los países más avanzados en el viejo continente (Austria, Dinamarca, Bélgica) alcanzan, como máximo, un 70% de reciclaje a través de sistemas de recogida diversos, que aplican en función de tipologías urbanas, de densidades demográficas, de costumbres sociales y de acuerdo a consensos sociales que resultan básicos para no generar un efecto contraproducente entre la ciudadanía. Pero en Gipuzkoa, Bildu ha adoptado una política visionaria que pasa por encima de cualquier diagnóstico real sobre los actuales niveles de reciclaje (los más altos de España), que ignora los límites de la Administración a la hora de planificar la vida de los ciudadanos, y que desprecia el desmesurado coste económico que se deriva de la paralización de las infraestructuras previstas anteriormente.
La versión del 'puerta a puerta' de Bildu que conocemos en municipios como Hernani, Oiartzun o Usurbil, dista mucho de asemejarse a modelos invocados por sus promotores, como los de Flandes o Cataluña. En primer lugar, porque se ha revelado como una fórmula sucia e insalubre en las calles y plazas. En segundo, porque se ha impuesto como una alternativa totalmente rígida, obligatoria y alienante cuyos impulsores se niegan a que conviva con otros sistemas. Y en tercer y último lugar, porque es mucho más cara, al requerir de una plantilla más amplia y un tratamiento que raya lo artesanal. Los ayuntamientos de Bildu han creado al efecto una sociedad anónima paralela al entramado institucional, duplicando estructuras y con muy poca transparencia pública. Bildu alega que las instituciones no deben tener miedo a crear puestos de trabajo en estas circunstancias, pero ese absurdo razonamiento -esa especie de 'contrapoder popular' tan presente en la tradición de la izquierda abertzale radical- podría llevarnos a contratar decenas de nuevos funcionarios públicos para cualquier otro menester. Se trata de garantizar servicios públicos, de gestionar con eficiencia, y de evitar en lo posible las disfunciones de las administraciones públicas. Y no parece que la cruzada de la izquierda abertzale asegure ninguno de estos objetivos.
Los interrogantes que deja esta falta de planificación y la adopción de iniciativas improvisadas apuntan a una irresponsable huida hacia adelante: ¿Cómo se puede paralizar una planificación integral para toda Gipuzkoa y sustituirla por el voluntarismo de 37 alcaldes que sólo gobiernan el 30% de la población y por tanto un porcentaje similar del residuo a gestionar? ¿Cómo es posible que se anuncie la inmediata puesta en marcha de la recogida de materia orgánica en esos municipios sin que se hayan construido las plantas para su tratamiento? ¿Dónde reside la ventaja ambiental de hacer viajar la materia orgánica a Navarra o a Iparralde para su tratamiento, consumiendo combustible, emitiendo gases y dilapidando recursos públicos?
El último ingrediente que aviva la polémica lo ha aportado el PNV guipuzcoano con la propuesta de llevar a cabo consultas ciudadanas en los municipios afectados. Huelga decir que las consultas populares enriquecen y profundizan la democracia, pero no nos engañemos. Los jeltzales las plantean en este momento de crisis para eludir su responsabilidad política y agudizar las contradicciones en la izquierda abertzale. Reconocemos que debe resultar un juego tan fácil como tentador, pero nos preguntamos qué debe estar pensando aquella alcaldesa peneuvista de Amorebieta a la que la dirección de su partido le conminó a desconvocar una consulta popular que había propuesto en su pueblo para conocer la opinión de sus conciudadanos sobre la construcción de la central energética de Boroa. Es una pena que instrumentos de participación ciudadana de este tenor, sólo se propongan como arma arrojadiza y no con la coherencia y el afán pedagógico que debieran entrañar. Y los partidos políticos no podemos renunciar a la representatividad que nos otorgó hace apenas un año la ciudadanía ni abdicar de nuestra responsabilidad para devolver cordura a las instituciones.
En resumen, los socialistas guipuzcoanos nos hemos propuesto trabajar pueblo a pueblo para hacer aflorar este lamentable estado de cosas, y mantenemos nuestra disposición al acuerdo entre partidos para evitar el desastre. Pero es necesario denunciar con nitidez que si el PNV no lo evita, el delirio de Bildu va a suponer un despilfarro de medios económicos públicos, un endeudamiento intolerable, un modelo de gestión ambiental netamente ineficiente y un calvario para la ciudadanía.
