PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

En estos días en que la política española está sometida a gran tensión respecto a los pactos entre Gobierno y oposición, y en concreto, a las posibilidades de que el PP dé aire al Gobierno de España, colaborando en la búsqueda de soluciones globales o parciales a la crisis económica y sus efectos, me viene a la mente la reflexión del título de este artículo, tras el Pleno celebrado en el Senado el pasado día 10 de febrero en que discutimos y aprobamos las modificaciones legales que pueden garantizar la protección jurídica adecuada a las normas fiscales de las Juntas Generales vascas.

En esa reunión, tuve ocasión de participar como portavoz de mi grupo parlamentario, señalando cómo los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa fueron abolidos por el sublevado general Franco, por decreto de guerra tras la ocupación militar del occidente de Vizcaya en junio de 1937, mientras se mantuvieron el Convenio navarro y el Concierto alavés, por no ser consideradas por los fascistas como provincias traidoras.

Los ponentes constitucionales, por iniciativa conjunta de Roca Junyent, Solé Tura, Peces Barba y Herrero de Miñón incorporaron los derechos históricos a la Constitución a través de la disposición adicional primera de la misma, coincidiendo en esa época (1978) con los deseos del PNV, dirigido por los señores Ajuriaguerra, Arzalluz, Marcos Vizcaya, etcétera.

El Estatuto de Gernika, de 1979, recoge esa situación, reconociendo los derechos históricos de las instituciones territoriales, las Juntas Generales, en materia tributaria, y reservando la actividad legislativa al Parlamento vasco, Euskolegebiltzarra.

Tuve la ocasión de participar en la ponencia del Estatuto de Gernika, que se consiguió gracias al consenso entre UCD, PNV y la izquierda vasca, encabezada por el PSE (con EE, EPK, etcétera). Fuera del acuerdo estatutario quedaron en aquel momento, voluntariamente, tanto Herri Batasuna como AP, partido precursor del actual PP. Bien es cierto que su actitud fue diferente ante el referéndum del 25-10-1979: mientras los batasunos solicitaban el NO, AP optó por la abstención.

En las intervenciones del Pleno del Senado pudo observarse cómo la discusión de este asunto expresaba la diversidad que hace de España un país plural, complicado de gobernar, que requiere armonizar las diferencias y respetar la pluralidad. Un país que exige permanentemente pacto y negociación. España no es gobernable desde el autoritarismo, aunque sea con fundamentos democráticos.

Los senadores del PP vasco, el señor Rabanera y la señora Iturmendi, se ausentaron en el momento de la votación. Fue una actitud coherente con la mantenida por sus colegas en el Parlamento vasco, en Vitoria. Mientras, la dirección del grupo parlamentario popular en el Senado llevó su oposición al 'no' sin argumentos de fondo, con cuestiones puramente formales y alentando desde los gobiernos autonómicos cercanos a Euskadi (Castilla y León, La Rioja) los recursos de inconstitucionalidad que sus correligionarios vascos les habían solicitado evitar.

Son dos actitudes que se inscriben en dos trayectorias cada vez más divergentes entre el PP de Euskadi y su hermano mayor.

El PP vasco practica con el PSE la lealtad institucional, y en mi opinión, lo hace desde la firmeza y la claridad ideológica, mucho más que por cálculos electorales. Su lealtad es garantía de estabilidad para el Gobierno del lehendakari Patxi López: se están demostrando como socios fiables más allá de los problemas que evidentemente tienen que surgir y ser discutidos. Están demostrando que la cuerda se puede tensar, sin romperse, porque el interés en el éxito de un Gobierno de cambio en Euskadi está por encima de cualquier problema parcial.

¡Qué diferencia con la estrategia de Mariano Rajoy! Basada sólo en la oposición más pura y dura, esperando que la fruta electoral caiga de madura aunque empeore la situación socio-económica en nuestro país. Les da igual que se llegue a acuerdos entre sindicatos y patronal , que la gran banca (Botín, González…) respalde al Gobierno, que las agencias internacionales de evaluación mantengan la confianza en la política económica española. Su actitud contribuye a crear dudas sobre la solvencia de España tanto dentro como fuera de nuestro país. Todo lo contrario de lo que exige la situación económica, en particular por el galopante desempleo y el importantísimo déficit público. Una actitud instalada en el 'no', al contrario de lo que practica día a día la oposición política en el resto de países de la Unión Europea: apoyo crítico a sus gobiernos, compromiso con objetivos generales, expectativas de futuro compartidas, etcétera.

Ojalá la táctica popular del 'cuanto peor, mejor' se flexibilice por el bien de la ciudadanía y de las expectativas globales del país.

Cierto es que el Gobierno de Zapatero no ha facilitado en muchas ocasiones la concertación con el PP, incluso puede decirse que a veces se lo han puesto imposible, pero lleva un largo período de positiva fase de rectificación y de mano tendida que bien haría el PP en estrechar.

«No todo vale para hacer oposición», escribía hace poco Gregorio Peces Barba en un artículo. Es cierto, la campaña contra Zapatero es total, no admite tregua por parte de los populares. Sería muy conveniente una rectificación del rumbo, porque sin duda algún día volverá a gobernar el PP en España, pero como continúe machacando a Zapatero y negando todo acuerdo y compromiso, gobernará un país que habrá perdido posiciones en el ránking mundial y con su solvencia en entredicho, entre otras cosas, por carecer de una oposición constructiva.