PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

Mi mayor preocupación es la ruptura del Estado de bienestar en toda Europa, porque con motivo de la crisis estamos viendo una ofensiva contra él con la excusa de su pretendida no sostenibilidad.

Toda sociedad avanzada y democrática debe fundarse en un acuerdo que garantice las condiciones mínimas razonables para todos sus miembros. En Europa, desde el fin de la II Guerra Mundial, a este pacto social se le ha llamado  Estado del bienestar. Es el pacto social que mayor seguridad y desarrollo ha producido en toda nuestra historia. Nunca tanta gente sin recursos ha tenido la oportunidad de progresar y participar en el bienestar colectivo.

Pero, además, ha sido también un orgullo moral compartido. El orgullo de pertenecer a una sociedad en el que todos nos hemos podido mirar a la cara sin tener que cerrar los ojos ante la miseria ajena.

El pacto del Estado de bienestar se base en tres grandes principios: los servicios públicos universales como garantes de la igualdad de oportunidades; una fiscalidad progresiva para el sostenimiento de los servicios públicos y también, cosa que al parecer se ha olvidado, para redistribuir la riqueza y corregir las diferencias exageradas en su disfrute; y, finalmente, el control público de la economía, para que los poderes económicos no se convirtieran en poderes salvajes ajenos a los intereses generales.

La confianza en que en el futuro estos principios se mantendrían de forma razonable ha dado seguridad a la población, creando una fuerte cohesión social sobre el modelo de bienestar europeo. Sin embargo, en los últimos años estas tres bases del pacto social han sido sistemáticamente atacadas por las ideologías neoliberales.

Se nos ha dicho que los servicios públicos son un derroche que no podemos pagar. También, que las pensiones actuales son insostenibles en el futuro. Y, sobre todo, se nos ha dicho que la economía debe caminar y regirse  sin ningún control público. Se  pretende así romper las bases del contrato ciudadano. Ese compromiso mediante el cual las clases medias y altas asumían una mayor carga en la financiación de los servicios públicos, a condición de lograr una mayor cohesión social y evitar explosiones de protesta que pondrían en riesgo el sistema. Un pacto social que legitimaba moralmente el nivel de vida de las clases medias, que asumían una solidaridad ciudadana acorde con sus ingresos, y que se basa en dos principios: primero, todos contribuimos a su sostenimiento, cada uno de acuerdo con el nivel de renta; y segundo, los servicios públicos son universales, no pueden estar supeditados a los recursos de cada cual.

Pues bien, este pacto que ha funcionado durante décadas en Europa está ahora en riesgo de demolición. Una primera amenaza procede de las termitas fiscales, las clases altas y medias no sujetas a una nómina que mediante el fraude y los vericuetos tributarios se han desenganchado de la obligación de contribuir de acuerdo con su renta real. Los datos en Euskadi son indiscutibles: la renta media declarada por  los profesionales es un 40% inferior a la de los trabajadores por cuenta ajena. No hace falta mayor argumentación.

La otra gran amenaza es el intento de poner un filtro en los ingresos a la hora de acceder de los servicios públicos. Es seguramente el ataque que más está deslegitimando el sistema. En Euskadi, el 10% de los contribuyentes paga el 50% del total del IRPF. Se puede presumir, por tanto, que entre la gente que sí paga lo que les corresponde hay una progresividad importante. Pero las clases medias están viendo que el compromiso de que aporta más el que más tiene se está rompiendo al aplicar otra vez la renta para poder tener acceso a servicios públicos que eran de acceso universal. ¿Si yo pago más porque tengo más, pero luego, por tener más, se me obliga a volver a pagar los servicios públicos, entonces, porqué he de pagar? Esta reflexión de lógica elemental resulta demoledora para la estabilidad del pacto social.

Cada vez que decimos que los jubilados con buenas pensiones deben pagar por los servicios médicos o farmacéutico nos olvidamos que esas personas ya aportan en el IRPF lo que les corresponde por esa pensión. Por tanto, todo copago se convierte en repago, y no es un juego de palabras. Además, la quiebra de la gratuidad supone una invitación a que las clases medias abandonen los servicios públicos, contratando asistencia privada y reclamando la correspondiente disminución de su aportación fiscal.

El pacto social se legitima en la confianza y la sostenibilidad del sistema a medio plazo. Cada vez que ésta se pone en cuestión, cada vez que se anuncia que no puede mantenerse, se dan argumentos para romper el pacto de solidaridad y buscar soluciones individuales. Pero no podemos abordar la incertidumbre creada sobre el futuro de los servicios públicos con una mano atada a la espalda, sólo recortando y recortando. Tenemos que empezara hablar muy en serio sobre los ingresos públicos, empezando por una acción decidida contra el fraude y la elusión fiscal. 

Me cuesta entender que alguien esté dispuesto a pagar por un seguro privado mil euros anuales y se niegue a aportar 200 en impuestos para mejorar la asistencia que le ofrece la sanidad pública. Una opción tal sólo es posible cuando se pierde la confianza en el sistema. Y algunas fuerzas están actuando diligentemente para que se pierda.

En este tiempo en el que cada viernes se está convirtiendo en un viernes de dolor y el abismo de la quiebra de los servicios públicos se anuncia cada mañana, es más urgente que nunca, renovar de forma decidida un nuevo contrato social ciudadano que a todos nos vincule y garantice un futuro razonable.

Es verdad que los tiempos cambian, pero los principios básicos siguen siendo los mismos: una fiscalidad progresiva y correctora que garantice recursos suficientes; unos servicios universales que fomentan la solidaridad y legitiman el sistema; y la economía entendida como un bien público, sujeto a los intereses generales de la ciudadanía. Por eso, o renovamos el contrato que hizo de Europa un ejemplo que imitar, o abrimos la puerta a la desintegración social, con todo lo que ello significa. Porque ya Isaiah Berlin nos advirtió de que la libertad de los lobos implica comerse a las ovejas.