PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

Sanciones previstas por el Gobierno del señor Ibarretxe que el Gobierno socialista ha dejado inicialmente en suspenso y que la Cámara se dispone a eliminar definitivamente. Gracias a ello, se ha relajado la alarma social que se suscitó en su día, por la incidencia económica y de empleo que tenía la previsión. Y, en vísperas de ratificar esta modificación legal, podemos decir que el euskera, su normalización a partir del consenso y la libre adhesión, ya ha ganado.

Porque cuando el gobierno anterior aprobó esas sanciones, que según la ley podrían llegar hasta los 900.000€, no tuvo en cuenta los perjuicios que se podrían producir en pérdida de puestos de trabajo. Y los socialistas vascos ni estamos ni estábamos de acuerdo. Sería profundamente injusto que alguien perdiera su empleo en una empresa privada por forzar la voluntad de los empresarios para acelerar la introducción del euskera en los puestos de trabajo, en una sociedad en la que únicamente el 13% de las personas dice usar el euskera en el ámbito familiar.

Vaya por delante que los socialistas apoyamos y mantenemos firmemente el compromiso de que las administraciones públicas atiendan al ciudadano en la lengua que éste elija, pero en el ámbito mercantil la comunicación oral es un asunto privado y como tal no debe violentarse con sanciones.

Este principio de libre adhesión forma parte principal del consenso que hemos mantenido durante los últimos treinta años respecto al euskera, roto unilateralmente por el anterior gobierno con la introducción de las multas lingüísticas.

Y eso es justo lo contrario de lo que el euskera necesita. Los socialistas vascos seguimos creyendo firmemente que el fortalecimiento del euskera, su uso, pasa por la progresividad y por la flexibilidad en la aplicación de la política lingüística; por el afecto, no por la imposición.

Queremos que en la empresa privada los euskaldunes sean atendidos también en euskera. Pero eso no se consigue con sanciones. Es más, las sanciones por incumplir la ley tampoco garantizan los derechos lingüísticos de los euskaldunes. Cuando alguien acude a un comercio que cumpla la normativa actual no tiene garantías de que quien esté disponible para atenderle lo haga en euskera. La única manera sería que todo el personal que atiende a los clientes fuera euskaldun, es decir, imponer más obligaciones al sector privado que al público.

Sin embargo la experiencia indica que el camino del consenso produce los mejores resultados. Los acuerdos básicos entre los partidos políticos en torno a la ley del euskera y a las políticas lingüísticas que la siguieron, han propiciado el avance espectacular que hoy vivimos. ¿Por qué ese afán ahora por imponer y castigar?

Muchos empresarios nos dicen que se han sentido aliviados por esta iniciativa socialista. Porque las empresas ya se adaptan a las necesidades del público en cada zona sociolingüística. Las grandes ya están usando nuestras dos lenguas en el paisaje lingüístico y en las informaciones. Otras medianas y pequeñas participan en el programa Lanhitz y obtienen alguno de los certificados Bikain. Lo están haciendo a partir de los objetivos que marca la ley y que los socialistas no cambiamos, pero sin multas, con apoyo.

Debemos confiar más en el propio vigor de la sociedad vasca y en la voluntad y sentido común de nuestras empresas. Los partidos nacionalistas, que se oponen a reponer el consenso roto, quieren fortalecer el euskera con multas, pero para el PSE-EE “fuerza” es libre adhesión y fomento porque la verdadera fuerza del euskera es la voluntad de las personas.

Ése es el segundo pilar de la modificación legal que impulsamos: reforzar el fomento del euskera, la promoción de su uso en el sector privado.

También proponemos que las obligaciones lingüísticas que adquieren los establecimientos abiertos al público cuando son subvencionados sólo sean aplicables a aquellas ayudas que tengan relación con el euskera, no a cualquier tipo de subvención como ocurre ahora.

Los socialistas vascos llegamos así al final de una senda iniciada en 2003, cuando nos opusimos a la imposición lingüística en las relaciones privadas durante el debate de la Ley de las personas consumidoras y usuarias. En 2008 protestamos públicamente por la aprobación por la aprobación unilateral del Decreto que concretaba esas sanciones. Y ahora impulsamos la eliminación definitiva de las multas, cumpliendo así con un compromiso recogido en nuestro programa electoral para esta legislatura.

Repuesto así el consenso en los términos que tan buenos resultados ha dado para el avance del euskera, espero que lo apartemos todos de la brega partidaria y apoyemos políticas que estimulen su uso, sin desconocer la realidad sociolingüística hasta el punto de perjudicar laboralmente a las personas o de vulnerar sus derechos.