PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

Hay otro aspecto importante que hace que la corrupción política salga a la luz pública con más asiduidad que otro tipo de corrupciones: la voracidad de los medios de información que no sólo denuncian la posibilidad de un delito en el ámbito político sino su evolución, el debate que genera entre los líderes de los partidos y el proceso judicial. Todos estos trámites devienen en un proceso interminable en el que la presunción de inocencia siempre aparece cubierta de dudas y la inocencia, en caso de que llegara a promulgarse, se queda en la opinión pública estigmatizada por un "cuando el río suena agua lleva".

Con este artículo no deseo defender a ningún corrupto ni determinar límites de admisibilidad a la corrupción. Sí quiero eximir a los políticos no corruptos de ella, lo mismo que a los ciudadanos legales. Del mismo modo quiero desacreditar y descalificar a los ciudadanos proclives a trampas, cambalaches y actos ilícitos que, por no dedicarse a la cosa pública, pasan desapercibidos e, incluso, son valorados como "listos o espabilados" en tanto no sean descubiertos. Como quiera que sus fechorías se quedan, como mucho, en los archivos de los Juzgados, pueden seguir viviendo a sus anchas, reincidiendo en sus triquiñuelas. Y los más atrevidos opinando de forma inmisericorde contra los políticos, corruptos o no, en los corros de debate populares.

No podemos escurrir el bulto: hay demasiados casos de corrupción enturbiando la acción política. No sólo hay demasiados episodios sino que los que se producen son demasiado escandalosos. Hay quienes meramente han ignorado un informe técnico para no deslucir la brillantez de una gestión no lucrativa para el político, y hay quienes han forzado al técnico para que el informe, lejos de todo rigor científico, se convierta en el salvoconducto de la comisión ilegal como pago por una operación fraudulenta.

Ciertamente, estas actuaciones son bien diferentes y matizables, pero a nadie se le ha de escapar que quien es capaz de propiciar la primera irregularidad suele terminar impulsando la segunda y, lo que es peor y definitivo, acostumbrándose a reincidir. Pero conviene tener en cuenta un detalle importante: por cada corrupto con carnet político se mueven, como mínimo, dos o tres personas corruptas no adscritas a partido alguno, aunque siempre dispuestos a servir a sus señores, que suelen ser los que gobiernan.

¿Qué hacer para que remita esa retahíla de casos que ya están en las páginas de los diarios? ¿Qué hacer también para que salgan a la luz los que dormitan en las mentes temerosas de sus ejecutores aún no descubiertos? ¿Qué hacer para que nadie acuda al noble oficio de la política con intenciones tan perversas y destructivas? Lo primero de todo, respetar la presunción de inocencia por parte de los dirigentes políticos con la misma intensidad cuando el afectado es propio que cuando es ajeno.

Lo más perverso de la política es la corrupción en sí misma, pero también lo es el hecho de que la corrupción de uno, bien administrada por el otro en su provecho, llegue a convertirse en su mejor herramienta electoral. Ya no hay ni un solo partido político que no proclame disponer de un código ético que controle tanto las actitudes morales como las acciones formales de sus afiliados, sobre todo, de sus cargos públicos. ¿Por qué no surte el efecto pretendido la aplicación de tales códigos? Pudiera decirse que están mal hechos, incluso que no se han articulado ni métodos ni órganos específicos que cuiden de su cumplimiento, pero no es tal.

La clave está en el hecho de que los partidos políticos, huérfanos de ideología, se amparan en tácticas y estrategias. No están demasiado claros los fines altruistas que acompañan indefectiblemente a las ideologías: la izquierda es cada vez menos izquierda mientras la derecha, astuta y taimada, es más derecha. La izquierda ha asumido el mercado sin condiciones mientras las derecha va más lejos, convirtiendo al Estado en su más firma guardián.

Recluidos en ese espacio en el que la competencia es considerada una virtud en sí misma, el ejercicio democrático por antonomasia, que es el sufragio popular, se reduce a la búsqueda del voto no ya desde la oferta positiva que uno propone, sino desde el rechazo al otro, lo cual se persigue atacando sus actitudes y esgrimiendo en la palestra ataques personales a los miembros más destacados y/o vulnerables del partido.

¿Será posible de este modo cambiar la sociedad, o será solamente posible cambiar a sus dirigentes? ¿Será posible cambiar los fines y objetivos de la acción política, o lo será solamente cambiar la gestión y los rostros de los gobernantes?

En los últimos tiempos cada vez que surge una noticia que apunta a posibles irregularidades -quizás ilegalidades- en la gestión de un político, sus compañeros políticos de los otros partidos se apresuran a crear una Comisión de Investigación. De ese modo el Parlamento (cualquier Parlamento) se constituye en una especie de jurado en el que los parlamentarios actúan como jueces, fiscales, tertulianos, policías, investigadores y, si me apuran, alcahuetes en busca del matiz oculto del "supuesto" delito que, a su vez, se debate en "secreto de Sumario" en el Juzgado.

Y bien, ¿qué pasará si el Jurado parlamentario declara culpable a quien el Juzgado declara inocente? ¿Quién debería dimitir, el juez o el presidente de la Comisión de Investigación? ¿O quizás ninguno de los dos? Porque no es verdad que se juzguen cosas, ni aspectos de dichas cosas, diferentes. No hay dos tipos de corrupción y, por tanto, no hay dos tipos de responsabilidades: la política y la legal. En todo caso la legal la fijan los Tribunales de Justicia, mientras que la política la han de dirimir los partidos a los que pertenecen los corruptos y, más aún, los ciudadanos con su voto si los partidos no han sido capaces de eliminarlos antes. Quienes no lo van a hacer debidamente serán quienes acudan a esas Comisiones de Investigación aleccionados, como van, para eliminar al contrario, mucho más que para esclarecer la verdad.

Si los políticos estamos desacreditados es, entre otras cosas, porque nuestro sistema de partidos favorece el funcionamiento de formaciones poco participativas, sustentadas por (y en) aparatos mucho más obsesionados con ostentar el poder que con construir una sociedad mejor.

La corrupción de la política responde a la corrupción de la propia sociedad. Una sociedad mejor, menos injusta, más igualitaria y equitativa, no permitiría políticos corruptos, y mucho menos partidos políticos que los defendieran can tanta desvergüenza, justamente hasta el instante inmediato al de su irremediable culpabilidad manifiesta. Desgraciadamente, es esto lo que viene ocurriendo con demasiada frecuencia.