PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

En uno de esos desayunos en los que se convoca a 'personalidades' del mundo de la economía y la política el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, lanzó una especie de reto o propuesta que merece reflexión. Vino a decir que «si no se toman medidas urgentes ahora, será imposible mantener en el futuro el actual nivel de prestaciones sociales», lo cual obliga ya a abrir un debate sobre el alcance del gasto social para que sea sostenible. Incluso llegó a proponer que el creciente gasto social tal vez requiera «la implantación de un nuevo impuesto, un recargo sobre los actuales o una nueva cotización». Además, hizo hincapié en la necesidad de controlar el «fraude» en las ayudas sociales.

Conviene puntualizar, primero, que tal reflexión se produce mientras padecemos una crisis provocada por entidades financieras que han prestado importantes servicios a especuladores y capitalistas sin escrúpulos, mientras han negado a los más humildes los créditos para cubrir menesteres básicos, como comprar viviendas sobrevaloradas. Es curioso que al albur de la crisis sólo se nos haya ocurrido pensar en que el gasto social es excesivo. ¿Acaso no realiza la Administración otros gastos igualmente matizables y criticables? Conviene recordar que en el Estado de Bienestar el llamado gasto social debe ser considerado obligatorio. Y es preciso hacer dos consideraciones al respecto. Todos los gastos que hace una institución pública han de ser 'sociales' y no sólo los que van a parar, en pequeñas dosis, a los más necesitados. Igualmente hay que puntualizar que resulta atrevido hablar del fraude en las ayudas sociales con tanta frecuencia, y hablar tan poco de otros fraudes, principalmente del fiscal, que aventaja al fraude 'social' en muchos miles de millones de euros. Estoy seguro de que con hacer disminuir el fraude fiscal en Euskadi en un 20% bastará para que la reflexión hecha por José Luis Bilbao no sea necesaria.

A la propuesta de Bilbao han respondido políticos de otras sensibilidades con diversos matices. No sorprende la reacción, a pesar de que el debate político en los medios siempre responde a claves oportunistas, sobre todo cuando se trata de temas sociales. Me quedo con dos aspectos comunes a todas las críticas: la defensa de las políticas sociales que se están prestando, aunque su monto global haya aumentado en un 200% mientras que los Presupuestos lo han hecho en un 38%; y reclamar austeridad para, ahorrando en gastos superfluos, destinar el dinero suficiente al gasto social. Ambos aspectos requieren ser explicados y ninguno de los dos, por separado, ni explican ni resuelven el 'problema'.

Debemos denunciar antes de nada el hecho de que vivamos en una sociedad que requiere tantas ayudas sociales. No es de recibo que las transformaciones sociales, culturales, económicas y familiares -que, al parecer, responden al desarrollo y la modernidad- hayan desembocado en una sociedad desequilibrada como la que padecemos, en la que casi un 20% de sus miembros precisan algún tipo de ayuda o servicio social. Esto es síntoma del fracaso del sistema liberal-capitalista que ya tanto las derechas como la mayoría de las izquierdas defienden sin ruborizarse. Los escasos impuestos para las rentas más altas, unidos al ramillete de artimañas para evitarlos, han traído consigo recaudaciones tan escuetas que no alcanzan a cubrir el gasto social comprometido e inherente a un auténtico Estado de Bienestar.

Pero hay una imprudencia mayor: la reclamación de austeridad coincidiendo con esta época de vacas flacas. La austeridad debe ser una cualidad constante del gestor público. Todo lo que no es austeridad es un despilfarro. Da la impresión de que, coincidiendo con las épocas de esplendor económico, se han propiciado gastos innecesarios que, ahora, la escasez ha puesto en solfa. Asumirlo, por parte de los dirigentes públicos, es demasiado atrevido. En cualquier caso revisar las políticas de gasto tiene que ser un ejercicio constante en la política, pero ha de hacerse con rigor y sabiendo que los fondos públicos deben ser debidamente distribuidos en los múltiples fines para los que son destinados. Y hay una señal inequívoca para saber si el gasto ha sido distribuido con equidad: que la sociedad resultante sea igualitaria y equilibrada. Mientras esto no ocurra el único gasto al que no se debe ni puede renunciar es al gasto social.

Lo que nadie ha dicho es que más del 50% de lo gastado por la Administración en ayudas y servicios sociales retorna de nuevo a las arcas públicas en forma del IVA que grava al consumo de los más necesitados y de IRPF proveniente de quienes trabajan en servicios sociales. Esto, además del importante yacimiento de empleo que supone un sector que requiere tanto trato directo y, por tanto, tantos trabajadores y trabajadoras. Ahora bien, si hay que revisarlo, que se revise, pero sin cicaterías.