PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

Hablamos de irregularidades en las que, cuando menos, estarían implicados responsables de los departamentos de Interior y Cultura del Gobierno vasco y de la Red de Parques Tecnológicos. Y hablamos de acusaciones tan serias como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, alteración de precios en concurso o falsedad documental o prevaricación. Y hablamos también, y sobre todo, de que funcionarios públicos habrían espiado a ciudadanos vascos.

Los presuntos delitos, que están siendo investigados en el ámbito judicial, afectan de tal modo a la vida política que deben ser también investigados en el ámbito político. Y qué mejor que la institución representativa por excelencia, el Parlamento, tenga entre sus objetivos sanear la vida pública en Euskadi. Máxime cuando se ve afectada por acontecimientos nada edificantes que desmoralizan a la ciudadanía y que, en la misma medida, irritan a quienes estamos empeñados en defender la dignidad del más noble de los oficios. A quienes trabajamos, día a día, para acortar la distancia entre representantes y representados. A quienes ejercemos nuestras responsabilidades públicas y partidarias con honradez, que somos la inmensa mayoría de quienes nos dedicamos a la política.

Precisamente, al objeto de que no se extienda una sucia cortina sobre todos los cargos públicos, que impida diferenciar los inmensos claros de los diminutos oscuros, y precisamente porque la transparencia política es un objetivo ampliamente compartido, la comisión parlamentaria de investigación ha nacido con el impulso de cinco partidos representados en la Cámara vasca: PSE-EE, PP, EB, EA y UPyD. A ellos se ha sumado Aralar, con lo que todos, salvo el PNV (que se abstuvo), abogaron por que la comisión se constituyera.

Me detengo en este punto para denunciar la posición que el PNV ha mantenido hasta el momento, diciendo una cosa, primero, y haciendo otra distinta, después. Este partido concedió una gran trascendencia política al caso cuando éste estalló. Tanto su presidente, Íñigo Urkullu, como el presidente del partido en Álava, Iñaki Gerenabarrena, solicitaron reiteradamente, y hasta ahora sin éxito, que los militantes imputados en los supuestos casos de corrupción y espionaje entregaran el carné al partido. También expresaron su intención de apoyar la comisión parlamentaria de investigación, porque eran «los primeros interesados en esclarecer los hechos» y no tenían «nada que ocultar». Y, sin embargo, ni la impulsaron ni la apoyaron. Curioso.

En cualquier caso, la ciudadanía vasca tiene el derecho a saber qué es lo que ha ocurrido. Tiene derecho a exigir honradez y limpieza a sus representantes políticos. Y éstos, a su vez, tienen, tenemos, la obligación de no defraudar a quienes han depositado su confianza en nosotros. Responder a esta exigencia implica transparencia democrática desde los partidos y las instituciones. Implica poner los medios para hacer posible que esta legislatura se caracterice como la legislatura de los bolsillos de cristal, según el deseo expresado muy gráficamente por el propio lehendakari. Algo que se vuelve aún más urgente cuando, por lo que hemos podido saber, ha habido demasiado interés en que lo que se vuelva transparente no sean tanto los bolsillos de los ciudadanos como su vida privada.

Quizás ésta sea una buena ocasión para hacer una verdadera catarsis de la vida pública vasca, aclarando todo lo que haya que aclarar y extirpando, en su caso, de la política todo aquello que perjudique a su salud democrática.

Esto obligaría a echar alguna mirada crítica a lo que ha sido nuestro pasado reciente, teniendo en cuenta un dato que no podemos pasar por alto: que los hechos que la Justicia está investigando han sido achacados a responsables políticos e institucionales de un partido que ha encabezado el Gobierno de Euskadi a lo largo de treinta años. Y, por tanto, no estará de más saber si los casos de presunta corrupción y espionaje que están saliendo a la luz en el presente obedecen o no a una determinada forma de ejercer el poder en el pasado reciente.

Porque hay mucha gente que, en vista de los presuntos delitos que han trascendido, puede preguntarse, y con razón, si no tenían algún fundamento las acusaciones que se hacían a gobiernos anteriores de crear estructuras innecesarias para perpetuarse en el poder y para, desde allí, beneficiar a determinadas personas o intereses. O incluso si, al servicio de estos intereses bastante inconfesables, no se ha incurrido en prácticas intolerables en cualquier sistema democrático. Entre ellas, utilizar a la policía de todos como policía política que espía a determinados ciudadanos de este país al servicio de determinados intereses partidistas.

En definitiva, la ciudadanía tiene el derecho a conocer qué había detrás de los presuntos casos de corrupción y espionaje que han agitado la vida pública en Euskadi. Y los representantes políticos tenemos la obligación de velar por la calidad democrática de nuestro sistema de autogobierno, buscando la verdad y depurando, en su caso, las responsabilidades políticas que correspondan. Y cuanto antes, mejor.