PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

Se empieza incluso a percibir una cierta nostalgia anticipada de ese Estado social que una gran mayoría teme perder. De ahí que esté cayendo, en los países de nuestro entorno, ese prejuicio instalado sobre la maldad intrínseca de las subidas de impuestos; y de ahí también que el debate sobre la fiscalidad impulsado por el lehendakari se esté abriendo camino, igualmente, en el seno de la sociedad vasca y en el entramado institucional de Euskadi.

Lo alienta la difícil situación económica por la que estamos atravesando, en la medida en que reclamar la solidaridad debida a las rentas más altas concede mayores niveles de credibilidad, y de justicia, al esfuerzo que todos los gobiernos están pidiendo a sus ciudadanos para hacer frente al déficit y desequilibrio de las cuentas públicas que la crisis ha generado. Pero este debate va más allá de lo coyuntural, para insertarse en una perspectiva más amplia, de carácter estructural. Estamos hablando de la necesidad de hacer sostenible el Estado de bienestar y de cómo, y con qué recursos, podemos sufragar ese modelo de país que consideramos valioso: esa Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres, solidaria, sostenible y competitiva.
Porque, aunque resulte obvio decirlo, no está de más insistir en que, si queremos tener unos buenos servicios públicos, debemos ser conscientes de que hay que pagarlos con la contribución de todos, en un esfuerzo de corresponsabilidad y solidaridad, desde la aceptación de una premisa básica: que, en este esfuerzo de solidaridad colectiva, debe aportar más el que más tiene. Y tenemos que hacernos, asimismo, una reflexión previa sobre el Estado de bienestar que queremos y el compromiso que estamos dispuestos a asumir como sociedad para mantenerlo; y si, con los actuales recursos a él dedicados, el Estado de bienestar puede ser viable en el futuro.

Y todo esto significa no sólo crecimiento económico (complicado en las actuales circunstancias) sino, además, impuestos. Si queremos recibir de los poderes públicos la mejor educación pública, la mejor sanidad, las mejores prestaciones sociales, las mejores infraestructuras, tendremos que adecuar nuestros impuestos a los que rigen en los países que, en materia de políticas sociales, nos sirven de referencia. Porque no vale, con una presión fiscal del 30 %, como la que aquí tenemos, querer equipararnos a los países escandinavos, que la tienen entre el 40% y el 48 %, sin que ninguno de ellos haya perdido en competitividad ni en crecimiento económico, como tantas veces se arguye para rechazar este debate. Y ello por no hablar de los desafíos financieros que aquejan a servicios públicos como la sanidad, tan afectada por el envejecimiento y por las necesidades crecientes de los enfermos crónicos, lo que obliga a una reforma en profundidad del sistema de salud y a una reasignación equilibrada de recursos.

Pero hay otras cosas previas que, en esta materia, se pueden ir haciendo por el camino. Entre ellas, reforzar al máximo los mecanismos de control para avanzar en la lucha contra el fraude fiscal, a través de una mejor coordinación entre administraciones, con información compartida sobre los contribuyentes. Porque hay quien puede preguntarse cómo es posible que, por ejemplo, la SGAE pueda llegar a la última peluquería de España para saber si en ella se ponen unas determinadas músicas y, en cambio, las haciendas vascas no cuenten con mecanismos de inspección similares. Y sería interesante, además, poner sobre la mesa algunas cuestiones básicas de justicia fiscal, aplicables para el futuro: por ejemplo, si es justo y progresivo que haya desgravaciones fiscales idénticas en materia de vivienda o de hijos, sin tener en cuenta el factor renta.

No son cuestiones de carácter genérico. Tienen que ver con nuestra vida diaria, porque afectan al futuro de la sociedad vasca y a la posibilidad real de seguir manteniendo y mejorando nuestros servicios públicos y prestaciones sociales. Y apelan al compromiso y al liderazgo de todas las instancias con responsabilidades de gobierno en este país, para alumbrar propuestas que resulten homogéneas y operativas en el conjunto de Euskadi.

El lehendakari está dispuesto a seguir liderando este proceso. Y su Gobierno ha estado haciendo los deberes que le competían desde el minuto uno de su constitución. Es ahora el turno de que las diputaciones arrimen el hombro, para trabajar conjuntamente en defensa de los intereses generales de la sociedad vasca. Y lo hagan en el ejercicio de sus competencias. Porque hay a quienes se les llena la boca reclamando más autogobierno, pero son incapaces de utilizar su propia capacidad de autogobierno para tomar decisiones en defensa de los derechos de la ciudadanía. La reunión, mañana, del Órgano de Coordinación Tributaria puede ser una buena oportunidad para superar tales incongruencias.