PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

La crisis económica más profunda de los últimos ochenta años ha convulsionado el mundo con consecuencias devastadoras, hasta ahora nunca conocidas, en la estabilidad financiera, en las cuentas públicas de los Estados, y ha provocado un incremento desgarrador del desempleo. En el último trimestre de 2008, esta recesión financiera y económica sin precedentes afectó en España particularmente al sector de la construcción, con el consiguiente desplome de las actividades inmobiliarias y la pérdida masiva de empleo.

Mucho se ha hablado de la necesidad de abordar reformas que hagan frente a los desequilibrios acumulados durante los quince años de crecimiento ininterrumpido que ha experimentado nuestra economía. Desequilibrios que el presidente Rodríguez Zapatero, al llegar al Gobierno en el año 2004, evidenció iniciando un proceso de cambios necesario.

Hace seis años, la economía española registraba una baja productividad, la construcción residencial era receptora de un excesivo número de recursos, el gasto público destinado a Educación se encontraba por debajo de la media europea al igual que la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación, muy alejada de las cifras manejadas por el resto de países desarrollados.

Durante la anterior legislatura, con el objeto de paliar estas debilidades heredadas, el Gobierno, entre otras muchas medidas, duplicó el gasto en Educación y multiplicó por tres la inversión en investigación e innovación. El esfuerzo llevado a cabo por el Ejecutivo socialista en I+D+i en estos últimos años ha experimentado un espectacular avance. Frente a los 52.000 millones que los gobiernos populares invirtieron en la década precedente, la actual Administración socialista ha alcanzado los 59.000 millones de inversión en ciencia y tecnología en tan sólo cinco años.

En estos momentos, la profundidad de la crisis y su terrible impacto exige abordar sin dilación reformas más profundas y planificar con nitidez el futuro que queremos construir. El impulso de un sistema productivo sustentado en principios y en objetivos transformadores, que a su vez generen conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico, son actividades esenciales para el progreso de la sociedad española en el siglo que vivimos.

Un instrumento decisivo para abordar los cambios que las circunstancias actuales nos exigen es la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a cuyo anteproyecto dio luz verde el Consejo de Ministros del viernes 12 de marzo. Una norma que sustituirá a la ley vigente, impulsada también por un Gobierno socialista hace 24 años, y que consolidará los importantes avances registrados por la ciencia española, gracias a una legislación actual y específica cuyo objetivo es afianzar el sistema científico español en la vanguardia internacional.

La nueva Ley de Ciencia facilitará, por tanto, el establecimiento de un modelo basado en la creatividad y en el talento de las personas, de nuestros investigadores, científicos y tecnólogos, sin los cuales y sin cuyo esfuerzo nuestra economía no evolucionará de acuerdo a los parámetros exigidos.

España es la novena potencia científica del mundo, pero la gestión del conocimiento generado y de los recursos para ello destinados debe efectuarse de una manera mucho más eficiente. Esta nueva norma insiste en la necesidad de impulsar la transferencia de la investigación al tejido productivo para lograr una economía más innovadora y estimular la contribución del sector privado a la financiación y ejecución de actividades de I+D y de innovación.

Una ley que proporcionará el marco legal adecuado para formar, retener y atraer talento científico facilitando un sistema de investigación menos burocratizado, nuevas herramientas de coordinación que ayudarán a la divulgación científica y con ello al máximo rendimiento de la investigación que financian todos los españoles.

El anteproyecto de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación es el resultado de un proceso profundo, participativo, en el que se han recogido aportaciones provenientes de muchas y diversas sensibilidades. El texto integra las opiniones de la propia comunidad científica, de los agentes sociales y de las Comunidades Autónomas y sus propios sistemas regionales de I+D+i, que requieren de una óptima coordinación con la Administración central para que la cooperación y el compromiso alcance los niveles deseables.

Con el visto bueno dado por el Consejo de Ministros al anteproyecto se ha dado el primer paso para que, una vez que el Consejo de Estado emita su preceptivo informe, el proyecto de ley se debata en el Congreso de los Diputados de una forma rigurosa, en la búsqueda de la aprobación final de una norma respaldada por el mayor consenso posible, tal y como requiere una ley transformadora, pionera y moderna como ésta que pretende adelantarse a nuestro tiempo.

El cambio de sistema productivo de nuestro país no depende de una sola ley, pero nadie duda de que el conocimiento, la ciencia, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de un modelo económico sostenible. La crisis que nadie quería y nos ha sobrevenido es grave, pero al mismo tiempo puede brindarnos la oportunidad de transformar nuestra realidad y situarnos con pleno derecho en la vanguardia del siglo XXI, 'el siglo del Conocimiento'.