PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

El Gobierno ha enviado un documento de 46 folios sobre Revisión de las Pensiones para que se debata en el Pacto de Toledo. El documento repasa una serie de aspectos relativos a las pensiones actuales y las previsiones para el futuro. Recoge las aportaciones en once apartados, entre los que está el referente a la edad de jubilación, que es el que ha trascendido a la opinión pública a través de una afirmación categórica aparecida en casi todas las portadas: «El Gobierno aprueba elevar a 67 años la edad de jubilación». Y, claro, las voces se han alzado de tal modo y con tanta intensidad que han interferido de manera brutal en el órgano que tiene la responsabilidad de preservar y sostener las pensiones en España, desde que fue creado a mediados de los años 90: el Pacto de Toledo.

Cuando, envueltos en los ecos del anuncio, los miembros de la mesa del Pacto y los portavoces de los grupos parlamentarios nos juntamos para valorar qué pasos debíamos dar, la profusión de fotógrafos en busca del instante fue tan grande que costaba deambular por los pasillos del Congreso. La decisión fue la de seguir trabajando en la misma dirección y con la misma intensidad con que se ha venido haciendo durante toda la legislatura.

El Pacto de Toledo surgió en una situación de crisis, a mediados de la década de los 90, en un momento de gran debilidad del último Gobierno socialista de Felipe González, un año antes de que el PP alcanzara el poder. Eran años de crisis económica en la que muchas empresas habían optado por la jubilación anticipada para reestructurar sus entramados productivos, amén de haber recurrido a despidos numerosos. A la vez afloró un paro estructural en el sector agrario y, como convinieron la mayoría de las fuerzas políticas, se descubrió un alto grado de fraude en las cotizaciones.

El documento inicial del Pacto recogió quince recomendaciones sustanciales, pero su gran valor deriva de la vocación con que surgió: aislar las pensiones del debate político partidista, preservar el sistema de pensiones de las tensiones sociales para evitar que se convirtiese en un pimpampún del debate social tantas veces sometido a intereses espurios. Para realizar el seguimiento se creó una comisión legislativa que se reuniría periódicamente para discutir sobre la evolución del sistema y cuidar de que las 15 recomendaciones se cumplieran, además de proponer nuevas recomendaciones si las circunstancias lo requerían.

Durante la actual legislatura se ha producido una veintena de comparecencias en las que los máximos responsables del Gobierno, autoridades económicas europeas, representantes de los agentes sociales y las asociaciones y un buen ramillete de intelectuales expertos han expuesto sus teorías sobre el asunto. De ellas cabe extraer conclusiones concretas que serán muy útiles para la redacción del documento definitivo y la toma de decisiones. Dado que el proceso de comparecencias no ha concluido, el documento del Gobierno se ha convertido en una aportación más -importante, pero una más- para el debate parlamentario. Que los titulares de la prensa no lo hayan tratado como tal debe ser achacado a quienes han tenido la intención de mostrar como un mandato lo que es una reflexión. Por eso conviene puntualizar lo acontecido y frenar el empeño de quienes han revuelto los ánimos de los futuros jubilados, que somos todos los que ahora trabajamos, añadiendo un poco más de descrédito al Gobierno socialista y al presidente Zapatero.

Lo cierto es que en plena crisis, mientras han fracasado tantos planes de pensiones privados, de esos que los comerciales de las entidades financieras te muestran como infalibles, el superávit de la Seguridad Social en 2009 fue de 8.500 millones de euros. Quizás no sea como para voltear las campanas pero es un síntoma inconfundible de la buena salud del sistema aunque, como cualquier estado saludable, requiera de las consiguientes labores de revisión y mantenimiento. Quienes consideran que lo mejor para preservar el sistema de pensiones es no tocarlo ignoran que la sociedad a la que sirve tal sistema es cambiante. El aumento de la esperanza de vida (considerado un progreso científico) supone el envejecimiento de la población en el futuro, algo que aunque suena negativo no lo es por cuanto nos permite estar más tiempo vivos. Iguales cambios vienen produciéndose en otros aspectos que inciden directamente en el hecho de que, si han de seguir siendo las aportaciones de quienes trabajan las que paguen las prestaciones de los venturosos jubilados, habrá que hacerlas suficientes, bien consiguiendo más ingresos en el propio sistema, o bien inyectando nuevos caudales de los Presupuestos.

Hay que subrayar una vez más que las pensiones, como pilar ineludible del Estado de Bienestar, son prioritarias: ésa ha de ser la primera misión del Pacto de Toledo, por otra parte, labor no demasiado difícil porque con esa encomienda nació. No está justificada ninguna luz de alarma porque el documento enviado por el Gobierno va a ser sometido a disección por parte de todos los partidos del arco parlamentario, de igual modo infuidos por la tensión electoral. Quien se atreva a arriesgar el Pacto de Toledo estará afrentando al acuerdo más importante del periplo democrático, comparable a los famosos Pactos de La Moncloa. Está en juego la credibilidad de un foro de debate que se caracteriza por la coincidencia en el objetivo por encima de todo protagonismo partidista. Romper el Pacto de Toledo es defraudar la confianza de todos los españoles y las españolas que deseamos envejecer dignos y felices. Pues bien, todos esos españoles y españolas son más importantes que los jerifaltes del FMI, de la OCDE, del Banco Central Europeo y de la mismísima UE.