PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

En el Congreso de los Diputados acabamos de votar las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hemos presenciado un debate de gran implicación moral, que a los miembros de la Cámara legislativa nos sitúa ante una comprometida encrucijada intelectual y ética, sabedores de que el aborto, en tanto que interrumpe una vida en gestación, ha de ser calificado necesariamente como un mal para todos aquellos que asumimos la cultura de la vida y la dignidad humana como sustantivas a nuestra fe católica.

Lo que hemos votado -y rechazado- es la devolución del proyecto de ley al Gobierno; esta propuesta de devolución, que no formula un texto alternativo, defiende el texto legal vigente de despenalización, a cuyo amparo se practicaron el pasado año más de 115.000 abortos y que ha convertido a España en un paraíso del aborto en Europa, en palabras del Consejo de Estado. España fue en la década 1997-2007 el país de Europa con mayor crecimiento en el número de abortos, y es previsible que este año superemos cuantitativamente a Italia y Alemania. Son cifras que los legisladores no podemos ignorar impasiblemente; me resulta inexplicable la negativa a acometer una reforma en profundidad de la legislación vigente. El propio Consejo de Estado aconseja el cambio legislativo para resolver la falta de sintonía entre legalidad y realidad social. Es preciso subrayar que el Estado tiene deberes éticos y jurídicos de establecer garantías para una decisión libre y responsable de la mujer y, a su vez, condiciones de protección a la vida prenatal.

No estamos debatiendo, por tanto, si estamos a favor o en contra de permitir el aborto, sino de cuál es el modelo de regulación del aborto como hecho social para resolver un conflicto de valores que recae fundamentalmente en mujeres que viven en su conciencia situaciones muy dramáticas. Somos muchos los que moralmente no asumiríamos la decisión de abortar, aunque para ser justos deberíamos reconocer que tampoco podremos conocer de primera mano el conflicto que viven aquéllas, muchas de ellas mujeres jóvenes menores de veinte años y mujeres inmigrantes, en situación de alta vulnerabilidad.

La propuesta que formula el Gobierno es un modelo mixto que plantea un sistema de plazos hasta la semana 14 con información previa, y de indicaciones hasta la semana 22, momento en que se considera que es factible la vida extrauterina. En esta etapa prevalece el respeto al feto con excepciones de mayor gravedad y más restrictivas que las previstas en la legislación vigente, y se introducen límites y garantías donde ahora no las hay, lo que va a ayudar a la reducción del número de abortos. Es una ley que vamos a mejorar en las Cortes: hay temas pendientes de revisar, como las correcciones a la declaración relativa a la decisión autónoma y no acompañada de las jóvenes mayores de 16 años y el papel que incumbe a los poderes públicos de facilitar la necesaria asistencia por quienes ejercen la patria potestad; la objeción de conciencia de los facultativos respetando a la par que se garanticen las condiciones de efectividad en los centros sanitarios públicos, o la cuestión relativa a las políticas públicas que deben desarrollarse en temas como promover una sexualidad responsable inserta en el desarrollo integral de la personalidad y el desarrollo de acciones informativas y formativas dirigidas a reducir los embarazos no deseados.

Sin embargo, es radicalmente incierto que esta ley induzca o promueva el aborto, como desde algunos sectores de la jerarquía eclesiástica se quiere hacer ver. La despenalización, o la legalización condicionada en una sociedad que es secularizada, democrática y plural, a la que los políticos debemos comprender y servir, no puede merecer la infame calificación de complicidad de asesinato o análogos términos condenatorios maximalistas. En la regulación que a partir de ahora abordamos no caben, en mi opinión, pretensiones insostenibles de pureza moral: el intelectual del personalismo cristiano Enmanuel Mounier puso nombre a esta actitud que se arroga juzgar sobre cualquier problema en nombre de principios muy generales: clericalismo de la inteligencia. Cualquier valoración moral que pueda atribuirse a los reformadores deberá, con seguridad, predicarse de quienes abogan por mantener la legislación vigente. En el periodo de Gobierno popular de Aznar fueron 500.000 los abortos practicados y se aprobó la difusión gratuita de la píldora poscoital. Y entonces, como hoy, los jerarcas de la Iglesia española callaban ante la derecha.

En su documento sobre el aborto de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de 4 de octubre de 1974 afirmaban que el legislador no está obligado siempre a penalizar toda infracción moral, tomando en consideración las complicaciones del aborto clandestino, las desigualdades sociales como consecuencia del llamado 'turismo abortivo', la invocación del mal menor y del pluralismo social. Tomás Moro, humanista y santo, escribía en su célebre 'Utopía': «Si no puedes conseguir todo el bien, resulte el menor mal posible'. Decía también que la imposibilidad de suprimir prácticas contrarias a una moral deseable no es razón para renunciar a la función pública, el piloto «no puede abandonar la nave en medio de la tempestad, porque no se puedan dominar los vientos».