PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

Han pasado menos de tres meses desde la constitución del Gobierno vasco y, sin embargo, el cambio en el debate político y social ha sido tan intenso que las brumas de las cuestiones identitarias no enturbian ya la actividad política. Han bastado algunas actuaciones señaladas del lehendakari para marcar un nuevo tiempo. La restauración de la confianza con el Gobierno central, la 'normalización' de las relaciones con Navarra y con el resto de comunidades limítrofes y el liderazgo de la respuesta institucional y ciudadana al asesinato de Eduardo Puelles, ejercido sentidamente, con proximidad y sin matices propios del equilibrismo ético, son hitos de un comportamiento que ha generado un profundo alivio en el cuerpo social.

 En este contexto, el TEDH de Estrasburgo ha dictado una sentencia de enorme importancia política que ha dinamitado los pilares de la pretendida justificación teórica de la violencia y viene a colaborar en la reintroducción en Euskadi del respeto a las reglas democráticas del juego político.

No estaría de más que aquéllos que, distorsionando el sentido de la democracia, llegaron a declarar ilegítimo a este Gobierno vasco revisaran públicamente esa postura y no olvidaran el límite que para el ejercicio de la política marca André Malraux en su novela 'La esperanza': «No se puede hacer política con los principios pero tampoco sin ellos». El personaje de Malraux reconoce cínicamente el carácter pragmático de la actuación política, pero establece claramente una barrera infranqueable: los principios. Que no lo olvide nadie.

Es verdad entonces que hemos ganado en 'normalidad', pero el debate político tiene una gran carencia, es elusivo respecto al Gobierno. Y, sin embargo, del vigor y eficacia de éste dependerá en gran medida tanto el tránsito por la peor etapa de la crisis como la solidez de la recuperación futura. Desde el día de su investidura, el lehendakari ha marcado con claridad los ejes que determinan las líneas estratégicas de trabajo: fortalecimiento de las instituciones; memoria y dignidad de las víctimas; evitar que paguen la crisis los que menos tienen y lucha contra la crisis.

En cuanto a los dos últimos aspectos, vivimos un período ciertamente difícil. Los ayuntamientos han gastado en los primeros cinco meses del año la práctica totalidad del presupuesto anual para las ayudas de emergencia social. La reacción inmediata del Gobierno ha sido aumentar en 20 millones de euros la dotación de esas ayudas para no dejar en la cuneta a quienes peor lo están pasando.

Junto al gasto social se están aplicando medidas para frenar la destrucción de puestos de trabajo. La falta de liquidez provocada por el estrangulamiento del crédito puede llevar al cierre de empresas solventes y las sociedades de garantía recíproca están desbordadas, hasta el punto de que hay más de 1.500 solicitudes de préstamos con un retraso importante para su concesión, por lo que el Gobierno ha acordado con entidades financieras la concesión de créditos puente que permitan sobrevivir a esas empresas hasta que se resuelva su petición.

Para reactivar la actividad empresarial se emplean 150 millones de euros, en colaboración con las diputaciones, en avalar a empresas con valor tractor en el tejido industrial y en el empleo, y que tengan pedidos o contratos confirmados pero con problemas de liquidez. En cuanto a la incentivación del consumo, la decisión de sumarnos al Plan 2000E mediante el descuento de 2.000 euros en la compra de un coche nuevo ha dado la vuelta al descenso brutal de las ventas, que aumentaron un 4% en junio.

Estas actuaciones de urgencia se suman a una decisión de gran calado: la recuperación del diálogo social, iniciado por el lehendakari con la firme voluntad política de llevarlo adelante para afrontar la crisis, se autoexcluya quien se autoexcluya. En este empeño, el Gobierno lidera también la imprescindible cooperación con las diputaciones para acordar los criterios presupuestarios que permitan la adaptación a una época con una fuerte disminución de los ingresos.

Y, preparando el futuro, se está negociando la transferencia de las políticas activas de empleo que conducirá a un sistema vasco de empleo; se buscará un pacto con los ayuntamientos para la Ley de vivienda que, junto a la Ley municipal y el objetivo de construir 40.000 viviendas de protección oficial, reconducirá un problema que afecta principalmente a los jóvenes; se está impulsando un polo tecnológico de energías renovables con participación pública y privada, y en infraestructuras las decisiones publicadas, especialmente para las tres capitales y el TAV, vertebran territorio e inyectarán cantidades importantísimas de dinero en el sistema productivo.

Es claro que contamos con un Gobierno sólido que se ha puesto a trabajar intensamente casi sin sentarse. Debemos exigirle eficacia, pero a la vista está que es injusto acusarle de poca actividad.