PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

La Ley Municipal, tantas veces postergada, tiene ya fecha concreta de remisión al Parlamento vasco: a lo largo de este primer semestre del presente año, de acuerdo con el calendario legislativo hecho público por el Gobierno vasco y que está siendo operativo, porque ha desencadenado un proceso de diálogo institucional y unos primeros acuerdos que van a servir de rampa de lanzamiento para el alumbramiento del proyecto y su posterior debate en la institución parlamentaria.
Tales precedentes han creado en los ayuntamientos un clima de optimismo. Por primera vez en treinta años, tenemos ya asumido que, ahora sí, la Ley Municipal va en serio; que ya no va a haber más aplazamientos. Y tenemos, además, la sensación de que la norma va a salir adelante con un amplio consenso. No sólo porque esta cuestión forma parte del acuerdo de bases suscrito entre el PSE-EE y el Partido Popular, sino porque, además, se ha acordado por unanimidad en la Comisión Ejecutiva de Eudel el Documento de Bases para una Ley Municipal de Euskadi, y eso supone que hay un acuerdo importante entre los alcaldes socialistas y nacionalistas en lo que van a ser los pilares de la ley.
Es, pues, no sólo deseable sino además posible que una ley de tal entidad salga respaldada por un gran acuerdo político e institucional. Porque un Gobierno de clara sensibilidad y vocación municipalista, como es el Ejecutivo vasco actual, se ha preocupado de dar voz a los ayuntamientos; porque quiere hacer una Ley Municipal con el concurso de los municipios, y no al margen de ellos. Y es que de eso se trata precisamente cuando abordamos esta cuestión: de hacer una Ley Municipal a la medida de los ayuntamientos, y no de otras instituciones ajenas a ellos. Queremos que acabe el tiempo en el que los ayuntamientos dependían en su labor de la caridad o el amiguismo con otras instituciones. Con esta Ley Municipal daremos por finalizado el ciclo de la arbitrariedad y del sectarismo político.
El documento consensuado en Eudel es un buen punto de partida, porque recoge unas bases de mínimos para que el Gobierno elabore la mejor ley posible con el mayor consenso, y sobre dos premisas fundamentales: respeto a la autonomía municipal, a su capacidad efectiva para gestionar y ordenar asuntos públicos que les afectan; y garantía de suficiencia financiera, a través de los mecanismos para financiar adecuadamente las competencias desempeñadas por los ayuntamientos. El proyecto de ley definirá esas competencias y cómo financiarlas. Porque ése, y no otro, es el objetivo fundamental que hay que atender. Y cuando se defina, se verá si hay que modificar o no otras normas y cómo se modifican, si hay que hacerlo.
Porque no se trata de contraponer municipalismo a foralidad, ni de romper el modelo institucional, como algunos sugieren. No queremos enfrentar a los ayuntamientos con otras instituciones. Al revés, queremos integrarlos en el marco institucional, reconociéndoles su mayoría de edad. Los socialistas queremos dar por cerrada la arquitectura institucional del País Vasco incluyendo en la misma a los ayuntamientos, otorgándoles visibilidad institucional sin complejos ni trabas. Por tanto, el debate político no se debe centrar en la modificación de la Ley de Territorios Históricos (LTH), sino en cómo hacer la mejor Ley Municipal, adaptada a los nuevos tiempos. Y si para ello hay que cambiar otras normas, lo decidirá el propio Parlamento que las aprobó y con el mayor consenso posible.
Los ayuntamientos ya se encuentran supeditados a la regulación básica estatal y a la LTH, pero ninguna legislación es intocable, como parecen dar a entender quienes se contradicen declarando sagrada la LTH pero propugnan continuamente cambios en el marco constitucional y estatutario. No se entiende muy bien que quienes nos hablan de un Estatuto agotado y de la necesidad de ir a nuevos marcos de autogobierno nos digan al mismo tiempo que una ley estatutaria -la LTH- es intocable, como si fueran las Tablas de la Ley.
Y tampoco se entiende que quienes nos hablan todos los días del derecho a decidir nos digan también que hay cosas, como la LTH, sobre las que el Parlamento vasco no puede decidir. Por el contrario, el Parlamento debe hacer uso de todas sus competencias y atribuciones, y ninguna institución debe cortocircuitar el debate sobre la Ley Municipal Vasca. Lo tendremos en un plazo de tiempo razonable. Y será fructífero si, como espero, todas las fuerzas políticas apuran al máximo su voluntad de entendimiento. Y estoy convencida además de que, si la vocación municipalista del PNV es real, tendremos a no tardar una buena ley con un amplio nivel de acuerdo.
Todos la queremos, porque todos compartimos la idea de que ésta es una ley necesaria y urgente. Somos la única comunidad autónoma de toda España, junto a Ceuta y Melilla, que no tiene Ley Municipal después de treinta años de autogobierno, y con plenas competencias para haberla sacado adelante. Por este motivo, los ayuntamientos se mueven en una especie de limbo legal, asumiendo de otras instituciones tareas delegadas que no son de su competencia (en empleo, servicios sociales, guarderías, juventud, etcétera) y sin los recursos apropiados para llevarlas a cabo. De ahí el fuerte déficit que arrastran los municipios vascos, que se cifra en unos 530 millones de euros anuales, por cubrir competencias ajenas.
Es necesario, pues, clarificar legalmente las competencias municipales y la distribución de recursos para ejercerlas, con criterios objetivos y no discrecionales. Y esto es algo que nos interesa a todos: tanto a los alcaldes y concejales socialistas como a los del PNV y a los de cualquier otro partido que desempeñe responsabilidades municipales. Porque todos comparten las mismas dificultades y los problemas son comunes. Ahora es el momento, y no lo vamos a dejar pasar.