PSE-EE PSOE Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak

Construir una sociedad que valore y reconozca la tarea del empleado público es conseguir una sociedad que confía y muestra voluntad de afirmación de lo público, y por tanto, de aquello que da cohesión y que permite el progreso a la inmensa mayoría de la ciudadanía. En esta creencia, el Gobierno vasco considera prioritario impulsar acuerdos con los agentes sociales a través de una política de diálogo positivo y de respeto a la pluralidad.

 El acuerdo alcanzado esta semana en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi supone la materialización de esta prioridad del Gobierno en el ámbito del empleo público. La mayoría sindical firmante ha respondido con responsabilidad al reto de afrontar el diálogo en una coyuntura económica difícil como la actual, sin abandonar, en ningún momento, la defensa de los trabajadores a los que representa ni la necesaria solidaridad con el resto de sectores sociales.

En el ánimo negociador del Gobierno ha estado presente en todo momento la consecución de un acuerdo que permitiera conciliar la necesaria política de contención y racionalización del gasto público con el reconocimiento social del valor del trabajo desempeñado por los empleados públicos. Y todo ello con la acreditación que otorga el respaldo de una mayoría sindical que representa a casi el 80% de los empleados y empleadas públicas. Consecución ésta más importante si cabe por la ausencia de un acuerdo en los últimos nueve años.

 La vigencia del acuerdo, también insólita en la historia negociadora de la Administración vasca, es de dos años, lo que permite el desarrollo de los compromisos adquiridos.

 El establecimiento de una serie de medidas en relación con el empleo público, que van más allá de la cuestión retributiva, persigue la mejora en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía vasca. La realidad muestra la existencia de una elevada tasa de empleo temporal que tiene carácter estructural. Es necesario realizar procesos que permitan eliminar la elevada precariedad en la Administración, creando empleo de calidad. Se trata de un derecho que reforzará la implicación y mejora del rendimiento de los empleados públicos, es decir, un activo para la Administración y para los propios ciudadanos. Representa un importante esfuerzo de racionalización de la estructura administrativa y una oportunidad de acceso a la función pública, no sólo para el personal interino sino también para la ciudadanía, porque las convocatorias de OPE se realizarán bajo los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.

Asimismo, el acuerdo recoge medidas que permitirán mejorar los mecanismos de control de las externalizaciones y subcontrataciones. Con los acuerdos en materia de igualdad entre mujeres y hombres hemos señalado el camino de los cambios de progreso en las pautas sociales y en las relaciones familiares, apostando por la igualdad y la corresponsabilidad como quiere la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Vamos a plantear una confrontación directa y activa contra cualquier elemento o residuo de discriminación hacia las mujeres en el ámbito del sector público.

Los cambios importantes necesitan de sus propios símbolos, de sus referentes. Estoy convencida de que este acuerdo, que afecta a más de 63.000 empleados públicos, supone un gran cambio que se visualizará en una mejora de las relaciones de empleo y en la gestión de personal en la Administración pública al servicio de la ciudadanía vasca.