UNA POLÍTICA SOCIAL DE VIVIENDA

Egun on denoi. Eskerrik asko hemen egoteagatik.

Les agradezco a todos Vds. que me acompañen en este acto. Gracias también a Nueva Economía Fórum por ofrecerme esta tribuna y gracias a mi secretaria general, Idoia Mendia, por su presentación y por los más o menos inmerecidos elogios y comentarios que me ha dedicado.

Saben ustedes que el Departamento que dirijo en el Gobierno Vasco tiene unas competencias tan extensas como indica su denominación: Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Pero, pese a lo que pueda parecer a simple vista, las tres áreas están íntimamente conectadas. Se refieren, en diferentes escalas y aplicaciones, al medio en el que vivimos y al espacio que ocupamos.

Pero como el tiempo de que disponemos es, como ese espacio, limitado, voy a centrarme hoy en una sola materia: la política de vivienda, por razones que no necesitan demasiada justificación; están en la calle, en los medios de comunicación, en las conversaciones de familia y de amigos.

No descubro nada si afirmo que la vivienda es una necesidad social de primer orden.

Etxe bat izatea duintasunez bizi ahal izateko baldintza da. Hezkuntza, osasuna, babes soziala, justizia, pentsioak, gure gizartearen modeloaren oinarriak dira eta gure bizitzen une eta etapa puntualetan behar izaten ditugu; etxebizitza, ordea, egunero behar izaten dugu.

Disponer de un hogar es una condición para vivir dignamente. La educación, la sanidad, la protección social, la justicia, las pensiones, que son fundamentos de nuestro modelo de sociedad, las necesitamos en momentos y etapas puntuales de nuestras vidas. La vivienda, todos los días.

Sin embargo, a diferencia de esos otros derechos básicos, durante mucho tiempo la vivienda ha quedado relegada a un segundo escalón; a una zona indefinida en la que cada cual tenía que buscarse una solución en el mercado y sólo parcialmente se producía la intervención protectora de las Administraciones públicas.

Les voy a leer un párrafo: “El derecho a disfrutar de una vivienda constituye una necesidad vital para el ser humano por cuanto condiciona el disfrute de otros derechos esenciales, como tener un empleo, ejercer el derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a los servicios públicos, escolarizar a los hijos, gozar de la cultura y de un medio ambiente adecuado, compartir las vivencias con familiares y amigos y un sinfín más (…). El derecho a disfrutar de una vivienda y su realización efectiva facilitan y permiten al ser humano llevar una vida digna”.  

¿A que suena bien? Pues este párrafo es el que encabeza la Exposición de Motivos de la Ley de Vivienda, aprobada el 18 de junio de 2015 por el Parlamento Vasco.

Una ley que enlaza con los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000. Y que da contenido pleno al artículo 47 de la Constitución Española cuando reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y manda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.

Pues bien. En Euskadi hemos convertido el acceso a una vivienda en un derecho ciudadano reconocido por la ley. Lo hemos elevado a un rango similar al que tienen derechos tan esenciales en un Estado social como la sanidad universal o la educación. Y no les niego que, como socialista, y Consejero de Vivienda, me enorgullece el hecho de que, siendo en su momento el responsable de haber aprobado y remitido al Parlamento un proyecto de Ley de Vivienda en el Gobierno del Lehendakari Patxi López; un proyecto de ley que después fue rescatado por el Grupo Parlamentario Socialista como Proposición de Ley, me haya tocado a mí desarrollar en este Gobierno la Ley aprobada en 2015.

Queda muy bien afirmar que con esta norma el acceso a una vivienda, preferentemente en régimen de alquiler, se ha convertido en un derecho ciudadano. Sin embargo, no sé si somos conscientes de lo que significa en toda su extensión. Quiere decir que desde las Administraciones públicas ya no podemos ver esta cuestión como un problema de asistencia social, sino como una condición de ciudadanía que hay que atender, como atendemos la sanidad o la educación. Y, en consecuencia, también tiene que cambiar la perspectiva por parte de la ciudadanía usuaria, que ha de ser consciente de que los derechos conllevan obligaciones igualmente exigibles: Básicamente, conservar la vivienda recibida en buenas condiciones, mantener las normas de convivencia con los demás vecinos o pagar el alquiler social pactado.     

Pixkanaka-pixkanaka ulertzen joan gara hain oinarrizkoa den behar hori ezin dela salgai hutsa izatera mugatu, hau da, merkatuaren arauak bete behar dituen ondasun batera; eskaintza eta eskariaren artekora, alegia. Aitzitik, etxebizitzak funtzio soziala duela geureganatzen goaz. Gainera, kasu batzuetan, jabetza-eskubidea funtzio horretara egokitu behar izaten da.

Poco a poco, decía, nos hemos ido convenciendo de que una necesidad tan vital como la vivienda no puede reducirse a la condición de simple mercancía, a la de un bien sometido a las leyes del mercado; de la oferta y la demanda. De que, por el contrario, la vivienda tiene una función social, a la que debe acomodarse en algunos supuestos el propio derecho de propiedad.

Así lo ha ratificado recientemente el Tribunal Constitucional al abordar los recursos presentados por el Gobierno del PP contra varias leyes autonómicas, y esperamos que en ese mismo sentido vaya la sentencia pendiente sobre varios artículos de nuestra Ley de Vivienda.

En estos momentos, 62.515 familias o unidades de convivencia están inscritas en el registro de Etxebide como demandantes de vivienda; 10.276 más que hace año y medio. Y la inmensa mayoría, el 81,2%, un total de 52.810, se inclina por el alquiler frente a la compra; al revés, exactamente, de lo que ocurría antes de que nos alcanzara la gran recesión.

Esta opción abrumadora por el alquiler no resulta nada casual ni voluntaria, ya que el 84% de quienes eligen esta fórmula ingresan al año entre 3.000 y 20.000 euros. Y con esos recursos difícilmente cabe vivir e hipotecarse. Es decir, que esas personas no van a encontrar solución a sus problemas en el mercado libre de la vivienda.

Hace 20 días, aquí cerca, en el paraninfo de la UPV en Abandoibarra inauguramos una exposición retrospectiva sobre la vivienda pública que se ha realizado en Euskadi desde que se asumió esta competencia en 1981. Una muestra que, por cierto, les invito que visiten porque merece la pena.

En estos 37 años se han construido en Euskadi más de 104.000 pisos de protección pública. De ellos, una tercera parte, 35.248, corresponden a promociones llevadas a cabo directamente por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, tanto para la venta como para el alquiler.

El esfuerzo realizado en este tiempo ha sido muy importante; quizá no tenga parangón en el conjunto de España. Pero no ha sido suficiente para disponer del instrumento que nos reclama nuestra sociedad: un parque público de vivienda en alquiler acorde con las necesidades de la gente y comparable en su dimensión con el que han ido creando otros países a lo largo de décadas y décadas.

Y es que los datos no engañan. Ni siquiera las viviendas levantadas por el Gobierno Vasco en los últimos 37 años -las 35.000 que he señalado; la mayoría, para la venta- serían suficientes para satisfacer a las 52.810 unidades de convivencia que nos demandan hoy una vivienda de alquiler.

Por el contrario, lo que disponemos es un parque público de alquiler gestionado por Alokabide que se compone 12.666 viviendas, de las cuales 4.169 son propiedad de esta sociedad pública, 3.307 del propio Departamento de Vivienda y 4.783 cedidas por propietarios particulares al programa Bizigune.

La carencia de pisos disponibles para satisfacer esa demanda de vivienda en alquiler, que ya es derecho ciudadano (hemos adjudicado hasta la fecha 703 pisos públicos en alquiler para satisfacer el derecho subjetivo a la vivienda), la estamos compensando con la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), vinculada a la Renta de Garantía de Ingresos, que a partir de ahora va a confluir en la Prestación Económica de Vivienda (PEV) prevista en la Ley de 2015.

A lo largo del año pasado, una media de 28.000 unidades familiares cobraron la PCV y se concedieron, además, 8.397 ayudas de emergencia social por importe medio de 1.100 euros; actualmente 247 hogares tienen ya reconocida la PEV y reciben hasta 250 euros mensuales para ayudarles a pagar el alquiler de un piso.

Sumando estas cifras, las ayudas para el pago del alquiler en Euskadi ascendieron en 2017 a un total de 96,5 millones de euros.

Esta es la situación de partida, en la que están teniendo una profunda incidencia los efectos de la crisis y la precariedad laboral; y estos son los condicionantes que nos encontramos a la hora de abordar una política social de vivienda desde nuestro Departamento; una política que se concreta para tres años en el Plan Director de Vivienda 2018-2020.

El Plan Director es, en primer lugar, el resultado de un amplio proceso de debate y participación públicos, siguiendo el compromiso abierto hace dos legislaturas en el Departamento. En este amplio proceso participativo no sólo se ha chequeado la orientación y el acierto de las medidas planteadas, sino que tanto las entidades y agentes interesados, como la ciudadanía en general, han tenido la oportunidad de plantear sus aportaciones y propuestas. De hecho, muchas de ellas se han incorporado en el Plan.

La otra singularidad del Plan Director de Vivienda 2018-2020, viene por el hecho de ser el primero que se elabora en el marco de la Ley de Vivienda de 2015.

En consecuencia, está enfocado sustancialmente a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, que puede ser satisfecho bien con la puesta a disposición de una vivienda o alojamiento en alquiler, o bien mediante una prestación económica cuando no haya un piso disponible.

La Misión del Plan Director de Vivienda es, por tanto:

-Impulsar el parque público de vivienda en alquiler para que sea capaz de garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y atender las necesidades de los colectivos con mayores dificultades.

-Promover la cohesión social, haciendo de cada edificio residencial una muestra de la diversidad de nuestra sociedad, evitando la aparición de guetos.

- Y, atender de forma especial, a la emancipación de las personas jóvenes y a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores mediante la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios.

-Todo ello contando con la colaboración de instituciones y agentes públicos y privados; especialmente los ayuntamientos.

La Visión y el propósito del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda es tener encauzado en tres años el desarrollo de la Ley de Vivienda de 2015.

Con la aprobación de los reglamentos que requiere el despliegue de la ley, con un modelo de gestión eficiente y captando los recursos necesarios, en este plazo, debemos ser capaces de sentar las bases de una política de vivienda sostenible en el largo plazo.

1. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN

Como seguramente conocerán algunos de los presentes, el contenido del Plan de Vivienda se traduce en seis Ejes Estratégicos:

-La Ley de Vivienda establece que los recursos disponibles deben destinarse prioritariamente al régimen de alquiler. Por tanto, en el primer Eje estratégico vamos a impulsar el parque público de viviendas, tanto mediante promoción propia como reorientando la actividad de Visesa hacia el alquiler; colaborando con los ayuntamientos y la iniciativa privada; fomentando la edificación de alojamientos dotacionales (ADAs) preferentemente para jóvenes y mayores, e incrementando el parque del programa Bizigune de captación de viviendas privadas vacías para el alquiler social. En 2020 el 100% de la promoción pública de vivienda lo será en régimen de alquiler, partiendo de un porcentaje superior al 80% en 2018.

-El segundo Eje se centra en la gestión eficiente del parque de viviendas protegidas, tanto en lo que se refiere al propio Departamento y sus sociedades, como a otros agentes, tratando de garantizar al máximo la función social de la vivienda.  

–Vinculado a lo anterior, el tercer Eje pone el énfasis en la mejora de los procedimientos de adjudicación y la revisión de los requisitos de acceso a las viviendas protegidas, de modo que podamos dar respuesta a la demanda de los diversos perfiles de personas con necesidad de vivienda, en particular los colectivos prioritarios y más desfavorecidos, con especial atención a los jóvenes y a los titulares al derecho subjetivo de la vivienda.

-El cuarto Eje se centra en la rehabilitación como elemento clave de la política de vivienda. Pretendemos dar un nuevo impulso a la intensa actividad ya desplegada, poniendo el énfasis en objetivos de eficiencia energética y accesibilidad, así como en la rehabilitación integrada y la regeneración urbana.

-El Eje cinco busca promover la innovación en materia de vivienda, de cara a adecuar la oferta a la demanda, dando oportunidad de acceso a las personas con menores recursos económicos o con necesidades residenciales específicas.

El PROGRAMA GAZTELAGUN

Atal honetan programa berri bat martxan jartzea erabaki dugu; Gaztelagun du izena. Horren bidez, gazteen emantzipazioa erraztu nahi da, alokairu bat ordaindu ahal izateko neurri zuzenak ezarrita.

Es en este apartado donde situamos el programa Gaztelagun, destinado a favorecer la emancipación de las personas jóvenes mediante ayudas directas para que puedan pagar un alquiler.

Porque, para emprender un proyecto de vida autónomo y formar una familia, las personas jóvenes necesitan una vivienda. Y en este empeño encuentran especiales dificultades; primero, por falta de recursos, ya que carecen de rentas acumuladas y cuando tienen trabajo, muchas veces, este es precario o mal pagado. Además, en muchas ocasiones, al no tener cargas familiares, tienen muchas dificultades para acceder a un alquiler social. Los programas de todos los partidos siempre están empedrados de buenas intenciones con relación a la juventud y el problema de la vivienda. También es un objetivo del Programa de Gobierno. Pero hasta ahora no teníamos una herramienta efectiva para pasar de las palabras a los hechos.

Por eso, el programa Gaztelagun va a ir dirigido, de forma general, a las personas mayores de 23 años (en casos excepcionales para mayores de 18 años)   y menores de 35 que reúnan una serie de condiciones:

1.- Tener como domicilio habitual y permanente la vivienda arrendada, aunque no sea como titulares del contrato de alquiler (se permite compartir piso).

2.- Disponer de una fuente regular de ingresos que, en conjunto, supere los limites vigentes en cada momento para el cobro de la RGI (7.734 euros este año) y sean iguales o inferiores a 12.000, 15.000 y 18.000 euros, en función de que los residentes sean 1, 2 o 3 personas.

3.- Que la renta de la vivienda objeto del contrato de alquiler no supere los 600 euros mensuales con carácter general y los 750 euros en el caso de las tres capitales vascas y los municipios que componen sus áreas metropolitanas (está en estudio un tratamiento intermedio para municipios de tamaño medio entorno a los 20.000 habitantes, como referencia inicial).

4.- Que no sean propietarios o usufructuarios de vivienda. Excepto si se acredita la no disponibilidad de esa vivienda por causa de separación o divorcio, discapacidad u otra causa ajena a su voluntad.

Y, como es lógico, que el arrendatario o cualquiera de los otros residentes de la vivienda no sean parientes directos, pareja o socio de la persona arrendadora, ni disponen de bienes y derechos con un valor superior a 75.000 euros, calculados según la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Cuantía de la ayuda.

La cuantía de la ayuda será de hasta el 50% de la renta mensual que deba satisfacer el beneficiario por el alquiler de su vivienda. Cuando la vivienda la compartan dos unidades de convivencia formalmente constituidas, la ayuda podrá llegar hasta el 60% del precio máximo del alquiler.

Y, dado que es un apoyo a la emancipación, al inicio de un proyecto de vida autónomo, la ayuda al alquiler para jóvenes se concederá por un plazo máximo de tres años.

La estimación que manejamos es que las ayudas puedan beneficiar a 4.500 personas jóvenes entre 2019 y 2020, ya que la puesta en marcha del programa la prevemos para principios del próximo año, una vez se apruebe la orden correspondiente, y dispongamos de los recursos humanos necesarios para atender este programa.

No obstante, la previsión es que Gaztelagun llegue a 6.000 jóvenes en 2021, dado que el programa tiene, en principio, un plazo de vigencia de 3 años.

-Por último, el Eje seis del Plan Director aboga por crear redes de colaboración que permitan un funcionamiento en red del conjunto de agentes que operan en el ámbito de la vivienda (particularmente los Ayuntamientos), favoreciendo la gestión y coordinación con otras políticas sectoriales.

2. OBJETIVOS CUANTITATIVOS

Pero, como pueden suponer, el Plan no se queda en meros enunciados, sino que sus objetivos están perfectamente precisados. Así, en los tres años de vigencia, nos planteamos:

-Promover la edificación de 6.350 nuevas viviendas de protección pública, el 46,5% en régimen de alquiler (2.950 viviendas), y el 53,5% en régimen de venta (3.400 viviendas), de las cuales 3.050 serán desarrolladas por la iniciativa privada y 350 por VISESA.

-Además, se propone como objetivo la obtención de suelo residencial para la edificación de 2.000 nuevas viviendas de protección pública.

-Con el fin de incrementar el parque de alquiler protegido, se cifra en 7.200 el número de viviendas captadas a través de los programas de intermediación en el mercado de alquiler. En concreto, el Programa Bizigune deberá alcanzar la cifra de 6.400 y el Programa ASAP (previa reformulación del mismo) 800 viviendas.

-Con estas actuaciones esperamos que el parque de pisos de protección pública en régimen de alquiler integrado por nuestro Departamento y las sociedades de vivienda municipales alcance las 22.000 unidades.

-Así mismo, el Plan prevé que el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda alcance a 7.000 hogares en 2020 y asume el reto del trasvase de la PCV a la PEV. La cifra objetivo de hogares perceptores bien de Prestación Complementaria de Vivienda o de Prestación Económica de Vivienda se sitúa en 28.750 hogares en promedio mensual durante los tres años de vigencia del Plan.

-En el apartado de rehabilitación se establece como objetivo reforzar los diferentes programas existentes (Plan Renove Rehabilitación) de modo que un total de 55.530 viviendas resulten beneficiarias. Además, se prevé el apoyo a Ayuntamientos y Entidades Locales menores para la realización de 420 planes u obras con el fin de garantizar la accesibilidad universal.

En esta misma línea, se contempla la instalación de 1.300 ascensores en el período 2018-2020, lo que va a permitir que mejoren las condiciones de accesibilidad de 13.000 hogares, tanto por la disposición de estos elevadores como por la colocación de rampas y eliminación de barreras arquitectónicas.

-El Plan pretende, así mismo, continuar con la inspección del parque de viviendas protegidas para garantizar su función social mediante la revisión de 9.500 viviendas al año. Además, se prevé que en 2020 hayan sido registradas en Euskoregite un total de 35.000 ITEs de inmuebles obligados a hacer esta revisión. Se prevé también alcanzar para esa fecha la cifra de 50.000 contratos de alquiler registrados.

-Adicionalmente, el Plan contempla otras actuaciones con unos objetivos numéricos más modestos pero no por ello menos importantes. Entre ellos cabe citar la cesión de 100 viviendas y 150 locales a organizaciones del tercer sector; 100 viviendas para el programa de pisos compartidos para menores de 35 años; 100 viviendas para luchar contra el sinhogarismo; 60 viviendas destinadas a ofrecer una alternativa habitacional a los hogares víctimas de procesos de lanzamientos y otras 60 para las víctimas de la violencia de género.

3. COSTES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIACIÓN

Pero, para que un plan no se quede en un catálogo de intenciones y medidas se requiere un respaldo financiero sólido. Y el Plan Director de Vivienda 2018-2020 lo tiene: El presupuesto bruto para ese periodo, incluyendo las sociedades públicas Alokabide y Visesa) asciende a 1.522 millones de euros. Depurando más las cifras y, descontando las interrelaciones del Departamento con sus sociedades, el gasto público directo en vivienda va a ser durante ese trienio de 1.119 millones de euros, incluyendo las partidas correspondientes a la PCV-PEV.

Y no van a ser los únicos recursos, ya que el Plan prevé movilizar 294 millones de euros a través de convenios financieros anuales con las entidades de crédito que operan en Euskadi.

Gure ustez, Gida Plan hau, ondo oinarritutako plana da, baita asmo handikoa ere. Horren bidez, bi mila eta hamabosteko Etxebizitzaren Legearen espiritua eta letra behar bezala garatzen dira eta, are gehiago, gure herrian etxebizitza duina izateko eskubidea nahia bat baino gehiago izateko oinarriak ezartzen dira.

En resumen, creemos que es un Plan Director bien fundamentado y ambicioso, que desarrolla fielmente el espíritu y la letra de la Ley de Vivienda de 2015 y, lo que es más importante, pone las bases para que el derecho a una vivienda digna comience a ser en nuestro país algo más que una aspiración.

Pero el mundo no acaba en Euskadi, y muchas decisiones que nos afectan en nuestra vida diaria se toman en otros ámbitos. España, Europa y el mundo globalizado son espacios que no nos pueden ser ajenos, por la cuenta que nos trae.

Asistimos con preocupación a una nueva escalada de la burbuja de precios del alquiler y creemos que es necesario establecer y coordinar políticas serias de vivienda a diferentes niveles competenciales, si no queremos volver a repetir los graves errores vividos recientemente.

Mucha gente empieza a sentir como un problema acuciante acceder a una vivienda o mantener la que ya tiene, y las instituciones y el conjunto de la sociedad no podemos cerrar los ojos a esa realidad, a riesgo de que nos estalle. Ahí están los datos del último Sociómetro, conocido la semana pasada, como advertencia adicional.

Es evidente que la mejor herramienta que tenemos desde el Gobierno Vasco para incidir en el mercado de alquiler es la configuración de una oferta pública de alquiler suficiente y a precios asequibles, que modere tensiones de demanda y estabilice precios.

Establecer las bases para alcanzar este objetivo es lo que pretendemos, como les he expuesto, con el Plan Director.

Pero para tener un impacto eficaz en las tensiones del mercado se necesita una masa crítica de vivienda pública que estamos lejos de tener. Por el contrario, alcanzarla va a requerir continuidad y perseverancia en las políticas, y dotarlas de los recursos económicos suficientes. Y, mientras tanto la burbuja inmobiliaria, ahora en el mercado del alquiler, sigue latente como amenaza y la espiral de precios que la sustenta no se frena.

Considero que, a corto plazo, la respuesta principal atañe a competencias estatales. En concreto, aunque no únicamente, a una revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada en 2013. Así lo expuse ante el ministro de Fomento y los representantes de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda que celebramos el pasado 15 de marzo en Madrid.

Es, en este caso, en el Congreso de los Diputados donde debe restablecerse el rumbo y hacer frente a una situación que ya presenta derivas preocupantes. Hay propuestas encima de la mesa ahora mismo que deberían ser debatidas, hay urgencias sociales que exigen encontrar soluciones. Y lo malo es que, con tanto ruido ambiental, no parece que quienes tendrían que tomar medidas estén atendiendo estas necesidades del momento.

Defiendo que siempre es mejor reaccionar pronto, con decisiones incluso que tengan el riesgo de que no sean completamente acertadas, que esperar impasibles a que los problemas se curen por sí mismos. Esto no suele suceder; al contrario, casi siempre se agravan con el tiempo y luego es mucho más difícil reaccionar.  

Por ello, creo que entre esas medidas deberían figurar tres básicas, aplicadas de forma combinada:

• (Neurri) bat da alokairuko kontratuen epea bost urtera igotzea. Horrela, errentarien eta errentatzaileen arteko harremanari egonkortasun handiagoko etorkizuna eta ziurtasuna emango zaizkio.

Una primera medida sería elevar a cinco años el plazo de los contratos de alquiler, lo que llevaría a revisar la modificación anterior de la Ley de Arrendamientos Urbanos que los redujo a tres años, para dar un horizonte de mayor estabilidad y certeza a la relación entre inquilinos y arrendadores.

• Una segunda medida a estudiar sería establecer unos precios de referencia por metro cuadrado para las viviendas de alquiler, en función de su situación y características, a ser posible en colaboración con los ayuntamientos.

• Y, como tercera medida, en acompañamiento a las dos anteriores, utilizar la herramienta de la fiscalidad:

• En el caso de los impuestos municipales, estableciendo un recargo o una bonificación sobre el IBI de las viviendas arrendadas, en función de que superen o no los precios de referencia.
• Y, en cuanto al IRPF, o en su caso al Impuesto de Sociedades, estableciendo un tipo progresivo en los rendimientos derivados del alquiler de vivienda, que parta de un tipo base en el caso en que el precio del alquiler no supere el precio de referencia y desarrolle una escala pare los precios superiores.

En esta línea, y en ejecución de una de las acciones propuestas en el Plan Director, vamos a trabajar una propuesta fiscal en materia de vivienda para su contraste público y remisión, en su caso, al Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi.

Gure ustez, etxebizitzaren eta alokairuaren tratamendu fiskala orain arte ibili den presioaren eta zerga-bilketaren eztabaidatik atera behar da, bete-betean etxebizitzaren politikaren eremuan sartzeko.

En este sentido, consideramos que la cuestión del tratamiento fiscal de la vivienda y del alquiler debe salir del marco discursivo de la presión y la recaudación tributaria, en el que se ha movido hasta ahora, para adentrarse en el ámbito de la política de vivienda.

Una política que, como he venido expresando en este foro, y en la gestión que venimos desarrollando desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, debe ser esencialmente social y atender de forma prioritaria las necesidades de la ciudadanía.

Besterik ez. Eskerrik Asko, berriro, bere arretagatik

Quedo a su disposición para contestar a las preguntas que quieran plantear y pueda responder.