PSE-EE PSOE Euskal Sozialistak

Los Socialistas Vascos defendemos y estamos comprometidos con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, desde el rigor y sin generar falsas expectativas, un camino que se ha demostrado eficaz para avanzar en el terreno de la memoria. A este respecto, la Secretaría de Derechos Humanos ha hecho público un informe sobre la tortura y los malos tratos, que tiene su origen en la pasada legislatura, en el que no hemos participado y que no compartimos ni en el fondo ni en la forma.

Desde el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) no vamos a respaldar las propuestas que plantea, ni como partido ni como parte del Gobierno Vasco, porque adopta una metodología meramente expositiva sobre las denuncias recogidas y llega a conclusiones que no se dirigen en la dirección necesaria para que se produzca una verdadera reparación de las víctimas. Confiamos, por el contrario, en que se pueda cumplir la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación entre 1978 y 1999.

Consideramos un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido, y obvia la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada.

Los Socialistas Vascos no compartimos que se asuman como propuestas de actuación institucional opiniones de aquellos no tienen la responsabilidad de llevarlas a efecto. Tenemos que recordar que ha sido el rigor y la expresa separación de poderes, la que ha hecho posible que 187 víctimas de abusos policiales durante el franquismo hayan logrado el reconocimiento que esperaban. Igualmente ese rigor y esa separación de poderes fueron asumidas para la elaboración de la Ley de 2016, que esperamos pueda desarrollarse en su integridad.

Desde el PSE-EE, lamentamos que el informe, aunque reconoce la existencia de esta Ley, omita que es precisamente éste el marco en el que deben repararse todos los abusos, que incluyen las posibles torturas, y que propugne una ley vasca de prevención cuando quien debe aprobarla son las Cortes Generales, lo que debería haber sido comunicado por la Secretaría de Derechos Humanos a los autores del mismo a fin de que fueran más precisos en sus consideraciones.

A ello se debería haber añadido que cualquier medida reparadora, para que no pueda ser interpretada como supletoria de la Justicia, debe fijarse exclusivamente en las víctimas, no en los victimarios, “sin ninguna otra interpretación posible”, como queda expresamente reflejado en la Ley vasca en vigor.

Los Socialistas Vascos denunciamos cualquier vulneración de derechos humanos que haya provocado ETA o cualquier otra banda terrorista o que se haya producido con la excusa de ETA. Compartimos esa visión que también nos han trasladado las propias víctimas de ETA: que su dolor y sus reclamaciones no puede quedar empañados porque las autoridades se nieguen a fortalecer el Estado de Derecho sin sombras ni sospechas.

Por convicción democrática, hemos estado en todos los trabajos de memoria porque asumimos que nadie debió matar, secuestrar, torturar, ni amenazar. Que no se debió matar ni a un terrorista ni a un torturador. Que rechazamos cualquier justificación de ETA, el GAL o cualquier tortura. Que nadie que murió o resultó herido por excesos policiales quede desamparado por falta de reconocimiento y de reparación. Y que si el Estado de Derecho consiguió que ETA desistiera, el Estado de Derecho se refuerza ante quienes quisieron derribarlo dejando sin opción a la impunidad. En este sentido, consideramos necesario que se depuren todas las responsabilidades en la comisión de un delito tan grave como el de tortura.

Desde el PSE-EE, defendemos que sea la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco la que trabaje para cerrar todos los asuntos pendientes que ha dejado el terrorismo. Por ello, incorporaremos las cuestiones del informe a otras reflexiones abiertas como los 300 asesinatos sin esclarecer, la reparación de las miles de víctimas de persecución, el daño todavía sin medir de los menores que sufrieron aquella amenaza, la búsqueda de asesinados cuyos restos siguen sin aparecer o la forma en que conseguimos que los penados cuando cumplan sus condenas no sólo reconozcan el daño causado sino que nunca debieron causarlo. Seguiremos trabajando en la Ponencia con el objetivo de sentar las bases para la construcción de la convivencia desde la deslegitimación total del terrorismo.