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  •   Ley de Transparencia

El PSE-EE apuesta por la "transparencia radical" que oblique a las administraciones a rendir cuentas "de cada euro que los ciudadanos pagan en impuestos"

Idoia Mendia considera la futura Ley de Transparencia y Participación ciudadana una "ambiciosa propuesta de transparencia radical" porque "cambia el eje: pasamos de hablar de iniciativas de las administraciones a garantizar los derechos ciudadanos a la información y participación"

El Parlamento Vasco ha aprobado la toma en consideración de la propisición de Ley de Transparencia y Participación ciudadana planteada por los grupos parlamentarios Socialistas VAscos y Nacionalistas Vascos que supone "una ambiciosa propuesta de transparencia radical". Idoia Mendia ha explicado que con esta proposición "se cambia el eje, pasamos de hablar de iniciativas de las administraciones a garantizar los derechos ciudadanos a la información y participación".

La vocación de esta proposición es que se pueda "seguir el rastro de cada euro que los ciudadanos dejan en manos de las Administraciones a través de sus impuestos hasta que ese euro vuelve al propio ciudadano".

La proposición incorpora un concepto relevante: la publicidad activa. Esto supone una obligación para los sujetos concernidos por esta Ley y la obligación de hacer pública, por propia iniciativa de manera periódica y actualizada, la información de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública.

"No hay que esperar a que se pida la información, no. Hay que ofrecerla, hay que evaluarla y hay que explicarla, y hay que hacerlo con un lenguaje claro. Ya no queda a decisión del Gobierno si presenta o no un programa o un calendario legislativo, práctica que recuperamos también hace dos legislaturas y luego se ha mantenido. Será obligatorio presentarlo, actualizarlo y evaluarlo", ha subrayado Mendia.

También existe esa obligación para la actividad de sus órganos consultivos y de participación, los planes de recursos humanos, los procesos selectivos o el gasto público en campañas publicitarias entre otros. Como tampoco habrá excusas para otras instancias directamente o indirectamente dependientes de lo público.

Esta norma afectará a los tres niveles institucionales, a todos los entes que de ellos dependen y será clave para afrontar la modernización de las administraciones públicas y a todas las instancias que interactúan con ellas. "Hablamos de centros educativos y de salud concertados, o entes privados que reciben más de un 40% de su financiación desde el erario público", ha añadido.

Igualmente se prevé la publicación de todas las subvenciones que se otorguen, también las de los grupos de interés, que deberán estar inscritos en un “Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos”.

Mendia ha explicado que "los socialistas lo planteamos desde la profunda convicción de que una Administración del siglo XXI no se entiende sin sentido de la responsabilidad y sin rendición de cuentas".