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EAJ-PNV y PSE-EE registran en el Parlamento Vasco la proposición de ley para ganar en eficacia en el Sector Público Vasco

Los Grupos Parlamentarios Nacionalistas Vascos-Euzko Abertzaleak y Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak han registrado esta mañana la proposición de ley del Sector Público Vasco que pretende ordenar los organismos y entes instrumentales de todas las Administraciones para ganar en eficiencia. Una norma en cuya redacción se ha tomado como referencia el proyecto de ley que el Gobierno Vasco tramitó en la Cámara durante la pasada legislatura, pero que decayó al término de la misma

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Alexia Castelo, Secretaria General del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos FOTO|Parlamento Vasco

Pese a que la elaboración de esta ley está recogida como compromiso en el calendario legislativo del Ejecutivo para su remisión al Parlamento en el segundo cuatrimestre de 2018, ambos grupos han visto la oportunidad de tener en cuenta las aportaciones que ya se registraron la pasada legislatura y poder así anticipar esta previsión. Con esta iniciativa, y las proposiciones ya registradas por esta misma vía - las Leyes de Formación Profesional y de Transparencia- además del adelanto en la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos, se agiliza el ritmo legislativo en la Cámara vasca, dado que para el ecuador se pretende que estén aprobadas o en tramitación algo más de la mitad de las leyes previstas por el Gobierno.

Las parlamentarias Estibaliz Larrauri y Alexia Castelo destacan la intención de esta proposición de convertirse en la “ley de cabecera” que organice el conjunto de normas que estructuran el Sector Público Vasco, para reducir las disfunciones y contradicciones que genera la amplia legislación vigente sobre la materia. “Pero no se trata sólo de codificar la regulación existente en un único texto. La ambición es mayor: se trata de aportar coherencia sobre la organización y el funcionamiento del entramado público de la Comunidad Autónoma de Euskadi”.

Simplificación y eficacia

Con ese objetivo, el texto, en sus cinco títulos, regula de forma ordenada y cohesionada el Sector Público Vasco, entendido éste como el conjunto de las Administraciones públicas, organismos autónomos, entes públicos de derecho público o privado, sociedades públicas y demás entes instrumentales de los que se valen los distintos niveles de gobierno, autonómico, foral y local, de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para la ejecución de sus políticas públicas en aras de la defensa del interés general y del bien común.

Sus principios, por tanto, afectan a todos los niveles institucionales, sin perjuicio de su correspondiente ámbito competencial para adaptarlo a otras administraciones y organismos como la UPV, el Ararteko o el propio Parlamento Vasco.

En este sentido, se reconocen las fórmulas de atención a la ciudadanía y participación de la misma (la administración electrónica), se pone el acento en los procesos de evaluación de la gestión y se introducen nuevas medidas en favor de la eficacia y eficiencia. Así, se establece la exigencia para la elaboración de un informe en el plazo de un año sobre todos los órganos colegiados (integración administrativa, dependencia, funciones) con una evaluación sobre la racionalidad de la organización actual y que concluya con una propuesta de simplificación de la estructura existente.

Igualmente, se amplían las funciones del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, creado por la Ley Municipal Vasca, para el estudio y elaboración de propuestas con relación a las posibles ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre sectores públicos, tanto del sector público vasco como con el sector público estatal.

Larrauri y Castelo subrayan la necesidad, reconocida por las instituciones vascas, de recuperar la confianza en la “res pública” a partir de la nueva cultura administrativa que reclaman los tiempos actuales y la sociedad: eficacia y eficiencia, organización y gobernanza, transparencia y participación de la ciudadanía. En este sentido, esta proposición completa el camino emprendido la pasada legislatura con la aprobación por unanimidad de la Ley reguladora del código de conducta del cargo público y de su régimen de incompatibilidades, y la ya presentada este mismo año sobre Transparencia, que se debatirá de forma paralela a esta nueva proposición.