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Aportaciones SV Ponencia Memoria y Convivencia

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A LA COORDINADORA DE LA PONENCIA DE MEMORIA Y CONVIVENCIA

 

Rafaela Romero Pozo, parlamentaria del Grupo “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, presenta el siguiente ESCRITO DE APORTACIONES AL DOCUMENTO SÍNTESIS DE LA PONENCIA DE MEMORIA Y CONVIVENCIA

 

PROPUESTA DOCUMENTO

La Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco culmina sus trabajos en un escenario de desaparición definitiva de ETA, que aunque no ha sido la única organización terrorista desde su nacimiento, sí ha sido la que ha estado activa durante más tiempo y la que ha provocado más dolor y sufrimiento a la ciudadanía vasca.

Esa dolorosa e injusta historia tuvo su punto de inflexión final en el momento de anuncio de su cese, en octubre de 2011, tras lo cual el Parlamento vasco consiguió el acuerdo con mayor alcance de pluralidad sobre los mínimos éticos vulnerados durante ese tiempo y sobre los cuales proyectar una convivencia futura. Con ese punto de partida acordado en 2012 y ratificado por el Pleno del Parlamento vasco en 2013, sin ningún voto en contra, es desde el que esta Ponencia ha venido desarrollando sus trabajos, con el objetivo de ampliar los consensos.

En este sentido, la Ponencia ha desarrollado un trabajo fructífero, que ha permitido encauzar parte de las cuestiones pendientes, trabajando desde las diferencias los puntos de encuentro. Esto ha sido posible por la aportación de las víctimas que han atendido la petición de este foro, cuyo testimonio, duro, crítico y doloroso, ha permitido que se afrontaran los trabajos con una óptica global basada en su deseo de verdad, justicia, y reparación, pero no venganza. Pero también han reclamado el reconocimiento de la injusta actuación y daños causados por sus victimarios, así como de la “solidaridad perdida” de una sociedad y unas instituciones que no estuvieron a la altura, actuando durante mucho tiempo con una falta de responsabilidad, compromiso, empatía y solidaridad.

Esa visión global y esfuerzo compartido en el seno de la ponencia se ha materializado en amplios acuerdos referidos a asuntos pendientes para las víctimas, tanto del terrorismo como de otras vulneraciones de derechos humanos que se produjeron en el contexto o con la excusa de la existencia de ETA, y también para quienes decidieron ejercer esa violencia y su entorno familiar:

  • Sobre víctimas del terrorismo, acuerdos 22 de febrero y 28 junio 2018 del Pleno del Parlamento en relación a las víctimas del terrorismo:
  • No humillación de las víctimas con homenajes a presos
  • Víctimas que no reciben indemnización sin que haya sentencia que acredite que son victimarios
  • Ayudas para los gastos de las anteriores
  • Reconocimiento víctimas de persecución
  • Recuperación restos de desaparecidos
  • Justicia restaurativa
  • En relación a la reparación de víctimas de abusos policiales, está en trámite la modificación de la ley de 2016 para poder llevarla a la práctica sin objeciones constitucionales
  • En relación con la política penitenciaria.- Acuerdos 29 junio y 10 de julio de 2017 y 13 de junio de 2018, sobre situaciones humanitarias y política penitenciaria. Y desde hace unos meses desde la Administración penitenciaria se está aplicando una gestión de la población reclusa distinta, acordada, conforme a la legislación y con el respaldo tanto de las víctimas como del Gobierno vasco
  • En relación a las torturas, hay iniciativas en trámite para crear un observatorio de prevención donde hemos planteado una fórmula para consensuar
  • En relación a la Memoria.- los mínimos éticos acordados en 2012 se han ido desarrollando a través de las iniciativas acordadas en Gogora

La Ponencia constata que en el cierre de sus trabajos quedan todavía asuntos pendientes, pero que el clima generado permitirá alumbrar nuevos acuerdos en el ámbito parlamentario. Sin embargo, a pesar de la coincidencia en que el futuro debe construirse sobre el respeto inexcusable de los derechos humanos y de la dignidad e integridad de las personas por encima de cualquier otra consideración, se constata que no ha sido posible ampliar una visión crítica compartida sobre la injusticia del daño causado. Los grupos que participamos en esta Ponencia coincidimos en el nunca más, pero no en el nunca antes, que es la idea sobre la que se sustenta el acuerdo de 2012.

Por ello, atendiendo a ese espíritu que las víctimas han trasladado a la Ponencia, y asumiendo como un valor los amplios consensos construidos en el pasado que mantienen toda su vigencia, acordamos proponer un pacto social, un acuerdo transversal sobre la convivencia que profundice en el sentido ético y de rearme moral de la sociedad sobre una idea básica: ni antes, ni ahora, ni en el futuro vamos a encontrar ninguna razón política que justifique el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos.

Este acuerdo concierne en primer lugar a todas las instituciones como representación legítima de la sociedad y responsables de impulsar las políticas públicas de reconocimiento y reparación de las víctimas, las referidas a la memoria y las que afectan a la política penitenciaria. Pero se abre a la totalidad de los partidos políticos y al conjunto de la sociedad, implicada a través de sus organizaciones sociales, agentes sindicales y asociaciones, porque toda la ciudadanía sin excepción está apelada a la construcción de una convivencia democrática.

Los principios sobre los que debe sustentar ese pacto de convivencia que busca ampliar los consensos ya existentes son:

  1. La verdad de lo ocurrido, de forma que sea posible asumir que no hubo nunca razón alguna para el terrorismo de ETA, ni para ninguna otra forma de terrorismo, ni para la tortura. En definitiva, que jamás hubo razón que pueda justificar la vulneración de los derechos humanos de ninguna persona.
  2. El respeto a la pluralidad. Conformamos una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, una sociedad que acepta sin matices la dignidad de todo ser humano, de sus derechos, por encima de cualquier consideración sobre su ideología o sus sentimientos de pertenencia
  1. Memoria, reconocimiento, justicia y reparación de todas las víctimas, las provocadas por ETA, por el GAL y por otros grupos y las víctimas de abusos policiales, sin equiparaciones, ni exclusiones, sin establecer paralelismos ni apelar a ninguna otra consideración que abone la teoría del conflicto político. Entre las tareas pendientes respecto a las víctimas, destaca la resolución de los casos sin resolver.
  2. El respeto al Estado de Derecho, a sus leyes y a las libertades que protegen éstas, que es la forma de organizar la convivencia, con reglas para relacionarnos y resolver las legítimas discrepancias y conflictos propios de las sociedades plurales. Este respeto significa asumir expresamente el significado político de las víctimas de ETA, que lo fueron por la decisión de la banda de imponer un proyecto político mediante el asesinato. La convivencia supone reconocer que los conflictos se resuelven por el diálogo, el acuerdo y las reglas pactadas.
  3. La reinserción de los presos, en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria, de forma que se propicien las actitudes de la población reclusa de asunción del daño causado y la voluntad de reparación.
  4. El respeto escrupuloso a los derechos humanos: la deslegitimación, ética, social y política del asesinato, o de cualquier otra expresión de   violencia ilegítima, para conseguir objetivos políticos, tanto en el pasado, como en el presente y en el futuro; y la denuncia de todas las vulneraciones que han tenido lugar sin excusa. 

A este acuerdo de la Ponencia se añaden como Anexo todos los testimonios aportados por las víctimas en la Ponencia (salvo aquellas que las propias víctimas, en su caso, prefieran que queden en la confidencialidad), por el valor que tienen para la implicación social en ese pacto de convivencia propuesto. Asimismo, se incorporarán los trabajos de las diferentes personas que han aportado sus reflexiones en todas las materias abordadas por la Ponencia

En Vitoria- Gasteiz, a 10 de enero de 2019

 

                      

José Antonio Pastor Garrido

Rafaela Romero Pozo

Portavoz

Parlamentaria